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Proyecto de ley de la Consulta Previa será reformulado por fujimorismo

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A raíz del rechazo que generó el proyecto de ley presentado por Fuerza Popular para modificar la consulta previa, su autora, Úrsula Letona, informó que esta propuesta ya no se discutirá en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y que primero promoverán un análisis técnico en la bancada fujimorista.

“Vamos a postergarlo para que, con mis compañeros de bancada, se pueda convocar a las comunidades campesinas, indígenas y amazónicas para abrir la discusión, perfeccionar el proyecto y presentar un texto sustitutorio” acotó la representante de Fuerza Popular.

La propuesta plantea modificar el artículo 2 de la norma vigente, e incluir que si un pueblo originario ha autorizado la realización de cualquier tipo de actividad económica formal a través de contrato, convenio o acuerdo previo, ya no procede la consulta previa.

Al respecto, representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana (Aidesep) se pronunció en contra de la iniciativa fujimorista y demandó su archivamiento.

“Lo que busca este proyecto es dar paso a las grandes inversiones sin respetar los derechos de los pueblos indígenas. La consulta es un derecho que no tiene nada que ver con el apoyo que hagan las empresas a las comunidades. Esta es la posición de Aidesep y la vamos a mantener”, sostuvo Henserson Rengifo, presidente de la más grande asociación de comunidades amazónicas del país.

El dirigente agregó que Aidesep ha hecho un llamado a la movilización y estado de alerta a las 1,800 comunidades indígenas, cinco federaciones y nueve organizaciones regionales de pueblos amazónicos, que integran la organización. Dijo que esta actitud se mantendrá hasta lograr que este proyecto anti indígena sea retirado y archivado.

Rengifo indicó que un ejemplo grave de promoción de grandes inversiones sin respetar los derechos de los pueblos indígenas es Camisea. “Está ocurriendo un etnocidio del pueblo Nahua y a nadie le importa, tampoco al fujimorismo”, anotó.

En esta línea, emplazó a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori a que defina si está a favor de las comunidades nativas, como dijo en su campaña electoral, o a favor de inversionistas “que quieren entrar a nuestros territorios cuando les dé la gana y sin autorización previa”.

Como se recuerda, durante la campaña electoral, Fujimori se comprometió varias veces a respetar la consulta previa.

Durante el segundo debate presidencial lo dijo con claridad: “Protegeremos la vida, la biodiversidad, los pueblos originarios, los conocimientos ancestrales, y garantizaremos un aprovechamiento sostenible de nuestra amazonía. Proponemos la implementación plena de la ley de consulta previa”, fue la frase que ahora los fujimoristas parecen olvidar.

Voces contrarias

En nota de prensa, la bancada del Frente Amplio manifestó que la propuesta fujimorista pretende desnaturalizar la consulta previa y sacrificar los derechos y territorios de los pueblos indígenas en aras de privilegiar las inversiones.

Precisan que omitir el derecho a la consulta en el caso de que exista un acuerdo o convenio, colisiona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y generaría consecuencias para el Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Tania Pariona, representante indígena del Frente Amplio, indicó que detrás de este proyecto de ley hay intereses de mineros. “No descarto que en el Congreso haya personas que tienen inversiones en las mineras y les conviene llegar a un acuerdo directo con la comunidad a través de la junta directiva ‘rompiendo’ muchas veces la mano de los presidentes comunales”, declaró.

La Coordinadora Nacional de derechos Humanos exigió que el proyecto fujimorista sea archivado.Subrayó el peligro de que un contrato o acuerdo reemplace a la consulta previa. Sostuvo que ello representa una amenaza y debilitaría la protección de los derechos indígenas.

El dato

  • Ley 29785. Señala el procedimiento del derecho a consulta a los pueblos indígenas u originarios respecto de las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente. Fue aprobado el 23 de agosto de 2011, por unanimidad con 113 votos a favor.

 

La República

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