LAS ACTIVIDADES extractivas llevadas a cabo por las empresas mineras y su compromiso con la responsabilidad social y ambiental han sido materia de permanente polémica y son fuente de algunos conflictos sociales, que se van solucionando mediante el diálogo de las partes involucradas.
Muchas empresas mineras, en el objetivo de lograr el reconocimiento social, sin el que ninguna compañía puede operar con éxito en el mundo, realizan constantes cambios en sus estructuras administrativas y tienen que actuar con ética empresarial.
En esta visión moderna de laminería se toman decisiones importantes, como por ejemplo trasladar toda una población a un nuevo asentamiento con los servicios básicos (luz, agua, teléfono e internet), colegios, centros de salud, seguridad, mercados, parques y hasta iglesias.
Como ejemplo podemos mencionar los reasentamientos de los poblados de Fuerabamba (Apurímac) y Morococha a un lugar adecuado para evitar cualquier riesgo de salud a los pobladores.
A más de 4,000 metros sobre el nivel del mar, entre las provincias de Cotabamba y Grau, la minera Xstrata Copper construyó un pueblo completo para 400 personas. De igual forma, la empresa, para el desarrollo del proyecto Las Bambas, debió reasentar a la comunidad de Fuerabamba.
Bautizada como Nueva Fuerabamba, esta localidad también tendrá amplias áreas para el desarrollo agropecuario, además de una reserva ecológica y dependencias públicas que ayudarán al progreso de la comunidad.
La empresa y la comunidad negociaron de manera horizontal los términos y condiciones del traslado y cada uno de los beneficios que eran ofrecidos a partir de la aceptación de las actividades mineras en la región.
En el otro caso, camino a La Oroya se ha levantado una nueva ciudad, quizá el mayor proyecto social privado en la historia de la minería en el Perú. Con una inversión aproximada de 50 millones de dólares, la compañía Chinalco edificó un nuevo poblado en Carhuacoto, a unos 8 kilómetros de la actual Morococha.
Luego de algunas resistencias iniciales, se reubicó a más de 5,000 pobladores, para que no se vean afectados con el desarrollo del proyecto cuprífero Toromocho, de 2,200 millones de dólares, que dará trabajo a los pobladores y campesinos no solo de la antigua Morococha, sino de toda la región.
La nueva ciudad cuenta con casas amobladas y debidamente equipadas, calles señalizadas, una agradable plaza pública, seis centros educativos, establecimientos de salud, una comisaría, áreas verdes, mercados y hasta iglesias católica y cristianas.
Iniciativas como estas son un claro ejemplo de la importancia del diálogo transparente y las negociaciones correctas entre empresarios y pobladores con los auspicios del Estado, porque al final todos salimos ganando.
Fuente: El Peruano