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Valentín Choquenaira en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco
“Es imperioso que en Perú se repiense el desarrollo de las aristas principales de la minería, tales como su gestión social, para lograr la viabilidad y legitimidad de la industria minera como política de Estado y de la empresa”, sostuvo el experto Valentín Choquenaira, ex gerente general del proyecto minero Las Bambas.
“Los proyectos mineros, además de considerar la factibilidad técnica y económica, deben considerar también la viabilidad social como un tercer componente prioritario para asegurar el éxito de su inversión”, afirmó al intervenir en el VI Congreso Internacional LATINOMETALURGIA, que se desarrolló en la ciudad del Cusco.
Estado y Responsabilidad Social
A juicio del especialista, corresponde al Estado implementar una estrategia de RSC para el sector extractivo, cuyas directrices y normas sirvan a las empresas como guía para trabajar de manera económica, social y ambientalmente responsable. “Las empresas deben integrar la RSC en sus estructuras de gestión para asegurar su performance de manera responsable, consciente y coherente y así mitigar los riesgos medioambientales y sociales, incluso las que afectan a los derechos humanos”, comentó.
Lamentó que actualmente existan casos de ausencia de RSC en diversas operaciones, lo que impide generen impactos sustanciales y sostenibles
sobre el desarrollo local y regional, a fin de que la población comprenda, disfrute y valore la actividad minera.
“Existe una falta de seguimiento o auditorías periódicas del plan de manejo de quejas y reclamos de las comunidades, pues las gerencias están
centralizadas en Lima, lo que ocasiona un pobre entendimiento de la realidad social de las comunidades en torno a las operaciones de los proyectos”, señaló.
Antimineros no son únicos culpables A criterio del experto, la intensificación de los conflictos socioambientales en el país, amerita una reflexión autocrítica sobre la situación actual de la minería, lo cual hace necesario buscar una mayor eficacia en la gestión social de las mineras y del Estado.
“Culpar exclusivamente a los activistas antimineros de la situación de la industria, es un recurso autocomplaciente que solo puede conducir a no aprender de errores propios e impide comprender la compleja situación que afronta el sector”, indicó.
También cuestionó la poca efectividaden la prevención de los conflictos. “Losúltimos conflictos en el país fueronatendidos de manera tardía cuando yahabían estallado y con estrategia militaren lugar de estrategia social”, subrayó.
Ejemplo de Canadá
Choquenaira puso como ejemplo de una adecuada aplicación de la RSC, la que el gobierno de Canadá impulsa entre las empresas del sector, pues rinde grandes beneficios entre los inversionistas.
Precisó que las empresas hacenparticipar respetuosamente a laspartes interesadas, comprenden suscostumbres, cultura y expectativaslocales. “Colaboran con las partesinvolucradas para establecer ycomunicar situaciones de los impactosmedioambientales, y desarrollanacciones sociales y económicas”, detalló.
Aporte de la minería al país
El profesional resaltó que la mineríaperuana representa el 12% de su PBIy exporta unos US$ 20,000 millonesal año, lo que equivale a más del 51%de nuestras exportaciones, con unefecto integrador con otras industriasy servicios. Asimismo, es el principalcontribuyente con más de 30% delImpuesto a la Renta y soporta losfondos sociales. Es el sector con mayorinversión en cartera, con unos US$63,000 millones en 51 proyectos.