La industria de hidrocarburos viene experimentando una significativa retracción en la inversión y en los procesos de exploración. Los números son claros: los contratos vigentes se redujeron de 87 en 2009 a 71 en julio de 2014;[highlight] más de 23 lotes fueron devueltos en los últimos cinco años[/highlight]; 40% de los lotes vigentes al cierre de julio están en fuerza mayor; sólo 7 pozos exploratorios se perforaron en el año 2013; y el último contrato de exploración se adjudicó en el año 2010.
Este año se espera que la producción de petróleo se incremente en poco más del 10%, por la entrada de tres proyectos, los cuales fueron adjudicados entre 12 y 20 años atrás y recién hoy pueden ver los primeros resultados de producción. Esto es una clara muestra de lo difícil que es tramitar permisos y poner en operación proyectos en el país.
Existen inversiones paralizadas porque aún están pendientes de definir con claridad las reglas que regirán para los actores económicos que operan en el sector y también que se reduzcan los tiempos que toman algunos procesos establecidos en el marco normativo actual.
La indefinición en la aprobación del nuevo Reglamento Ambiental, que tiene en espera a la industria desde su pre publicación, hace más de 14 meses, genera una situación compleja e incierta. Seguir demorándolo, pretendiendo restar importancia a una norma tan importante y fundamental, que debe clarificar las reglas de juego, sólo contribuye a desalentar la inversión que ve claras oportunidades en otros países donde se alienta la competitividad y el desarrollo del sector de hidrocarburos.
No se trata de relajar las normas ambientales, lo que urge es establecer normativa moderna, ágil, con sustento técnico, que permita mejorar y hacer más eficiente la supervisión y control de los altos estándares ambientales con los que opera la industria hidrocarburífera nacional en la actualidad. Tenemos la oportunidad y el potencial, pero debemos actuar hoy para no seguir dilatando la puesta en marcha de nuevos proyectos que nos permitan revertir la tendencia negativa observada en los últimos años.
SNMPE
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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