La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), señala que proyecto no generará mejora al comercio y pretende crearse un monopolio estatal.

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Durante el XVIII Foro Internacional Portuario 2019, realizado por la Cámara de Comercio de Lima, la ministra de Transportes y Comunicaciones, María Jara y el presidente de la Autoridad Portuaria Nacional, Edgar Patiño, dieron a conocer las claras intenciones en promocionar la creación de plataformas logísticas de titularidad del Estado, conocido como el proyecto del antepuerto.

Fausto Chire, presidente  de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), refirió que existe una evidente preocupación del gremio ante la insistencia del Estado en desarrollar un proyecto que no generará ninguna mejora al comercio y por lo contrario, se pretende crear un monopolio estatal para que lo maneje una sola empresa.

Añadió que se está atentando contra la libre competencia, violentando las leyes y la constitución del Estado, que debilita el actual régimen económico y a todas luces hace sospechar una vez más que detrás de estas propuestas habría corrupción y malos manejos.

Al respecto, Cristian Calderón del Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional (CONUDFI) y Alberto Ego-Aguirre de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), mencionaron que la pretendida propuesta de las autoridades va en contra de la inversión privada.

Explicaron que desarrollar una infraestructura de vías periféricas es necesario, pero no plataformas logísticas estatales, refiriéndose al proyecto de antepuerto que promueve el Estado porque está presente la inversión privada. “En el Callao existen inversiones superiores a $5,000 millones y una abierta competencia entre diversas empresas que prestan estos servicios desde hace más de treinta años”, advirtieron.

La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR), es el gremio empresarial del sector portuario y marítimo que está integrado por 25 empresas y que tiene como finalidad, promover el desarrollo, la promoción e incremento de las actividades y servicios marítimos, portuarios y del comercio exterior, así como defender los intereses de los operadores portuarios del país.