Acuerdo de Escazú. Pese a que cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo y Judicial, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores indicó que solo dos bancadas están a favor de revalidar el acuerdo que reúne los derechos ambientales y los derechos humanos.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Gilmer Trujillo (Fuerza Popular), advirtió que, tras culminar el proceso de consultas respecto al Acuerdo de Escazú, no se aprobará “por una amplia mayoría” dicho instrumento legal que reúne los derechos ambientales y los derechos humanos.
“De acuerdo a cómo intervinieron a lo largo de las sesiones los congresistas que integran la comisión [de Relaciones Exteriores], me parece que por amplia mayoría va a ser rechazado el Acuerdo de Escazú”, puntualizó Trujillo en diálogo con La República.
En esa línea, detalló que a favor de la ratificación del referido acuerdo solo están los legisladores del Frente Amplio y el Partido Morado, mientras que en contra figuran los representantes de Acción Popular, Frepap, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú, Fuerza Popular y UPP.
Culminado el proceso de consultas, efectuado en 13 sesiones virtuales con la participación de 49 invitados de diversas especialidades, Trujillo Zegarra aseveró que pasarán a la fase de debate y si no hay un cambio de posturas en los congresistas, el acuerdo será desestimado.
Para el abogado experto en derecho ambiental César Ipenza, el rechazo del grupo de trabajo parlamentario era un hecho irremediable, pese a que se convocó diferentes actores para que valoren el acuerdo. “Para mí claramente fue una invitación para hacer oídos sordos y para cumplir el formalismo se ha invitado a la gente involucrada, pero claramente se ha visto su posición de una visión errada y sesgada sobre el Acuerdo de Escazú alegando que afecta la soberanía cuando claramente el texto indica que no es así”, exclamó a este diario.
Desde el Ejecutivo, tanto el canciller Mario López como el jefe del Gabinete Ministerial, Walter Martos, se mostraron a favor de la ratificación del Acuerdo de Escazú. De igual forma, el Poder Judicial dio una opinión favorable, incluyendo a dos organismos autónomos, tales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.
“La Defensoría y el Ministerio Público más el Ejecutivo están a favor, pero la posición en la comisión presidida por Gilmer Trujillo impide que podamos tener acceso a la información, participación, justicia ambiental, la protección a los defensores ambientales”, lamentó Ipenza. “Será un Congreso con mayor capacidad de análisis y que no se deje influenciar por aquellos que pretenden limitar nuestros derechos quien lo coloque en un debate a futuro”, matizó.
No obstante, Trujillo estimó que no habría consecuencias si no se logra la ratificación. “El Perú es uno de los países que lidera el desempeño en el marco normativo en asunto ambiental (…) si el Acuerdo de Escazú se firma o no, no va a generar ningún cambio en las decisiones que se adopte”, argumentó.
“Los gremios empresariales se han mostrado en contra [de la ratificación]. Gran parte del sector privado pretende limitar los derechos y evitar que la población vea el impacto de las actividades económicas para que sean corregidas”, expresó César Ipenza y agregó que en lo que va de la pandemia se registró el asesinato de 4 defensores ambientales.
Gilmer Trujillo advirtió que, ante denuncias por una presunta vulneración ambiental, el Acuerdo de Escazú sometería al Estado peruano ante fallos de la justicia supranacional que son “pro derechos humanos de manera extrema” y paralizaría las inversiones.
“Una autoridad como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podría definir sobre una inversión en el Perú. Una ONG, por ejemplo, ubicada en Lima se le ocurre objetar una carretera en Loreto; dice que está afectando el medio ambiente, activa la justicia, lo paraliza con una medida cautelar y cuando llega a la CIDH… como la CIDH, tal como lo han dicho varios participantes, tiene un sesgo ideológico. O sea, ellos son pro derechos ambientalistas, pro derechos humanos, pero de manera extrema. La idea es que sean pro, pero de manera regular. Entonces, ellos van a fallar y van a dejar sin efecto una inversión”, sostuvo.
Según Patricia Iturregui, el Acuerdo de Escazú “garantiza un entorno seguro en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad”.
Argentina fue la última nación en ratificar el acuerdo que busca proteger los derechos de acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en materia ambiental. Sin embargo, todavía no entra en vigencia, ya que necesita de la revalidación de un país más.
Fuente: La República