ProActivo
Se estima que en Perú la minería ilegal facturó US$ 3.400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014. Se trata de dineros ilícitos al, igual que los provenientes del narcotráfico y de otras actividades ilegales, que son lavados preferentemente en el sector servicios, entretenimiento, turismo y construcción.
Este grave y creciente problema que afecta el crecimiento sano de la economía nacional, fue abordado durante el I Seminario Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo en el Sector Minero (SIPLAFTMIN 2014), organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa (CEPDE).
Minería ilegal de Perú supera al narcotráfico
El socio fundador de Caro & Asociados, Carlos Caro, reveló que en el año 2011 la evasión fiscal de la minería ilegal en el Perú superó los US$ 300 millones con utilidades de US$ 1.000 millones. “Antes del año 2010, la exportación del narcotráfico tenía las cifras más altas, sin embargo a partir del 2011 la exportación de la minería ilegal peruana lo supera en más de US$ 500 millones”, detalló.
Explicó que esos números se ven reflejados en el crecimiento de la evasión tributaria, la producción de oro no registrada y la trata de personas bajo explotación. en dicha actividad.
“La minería ilegal y el lavado de activos son delitos tipificados en el Código Penal. La conversión, el ocultamiento y el transporte de activos violan artículos que implican una pena no menor de 25 años”, agregó.
Caro mencionó algunas medidas preventivas que deben adoptar las mineras, como conocer al cliente, a los usuarios de la empresa, naturales o jurídicas; adoptar medidas de mitigación ante las tipologías ilegales en las que puede caer el negocio y detectar conductas inusuales en el personal.
Cifras de Macroconsult
Mientras tanto, la consultora Macroconsult estima que los US$300 millones en evasión fiscal de la minería ilícita equivalen a cinco veces los presupuestos públicos de las provincias de Tambopata, San Antonio de Putina, Manu, Carabaya y Caravelí juntas.
Detalla que en el 2011 las exportaciones de la minería ilegal fueron de US$ 1.793 millones y las del narcotráfico de US$ 1.208 millones. Mientras en el 2009 los envíos al exterior por narcotráfico movían US$1.212 millones y los de la minería ilegal US$1.043 millones.
Informes UIF
De otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la minería ilegal movió US$ 3.400 millones entre enero del 2007 y junio del 2014.
Indicaron que la tipología de estos delitos tiene mayor origen en el uso de recursos ilícitos, uso de empresas fachada, uso de documentos falsos, depósitos fraccionados de dinero ilegal y reclutamiento de personas para realizar operaciones financieras.
Daños se expanden
Según el Ministerio del Ambiente, el daño que causa el creciente auge de la minería ilegal, no sólo es fiscal o tributario, sino que también se expande a las esferas sociales.
Ese portafolio informó que hasta el año 2014, esa actividad destruyó más de 50 mil hectáreas de bosques amazónicos en Madre de Dios, ocasionando un daño ambiental irreparable. Mientras que la trata de personas bajo subempleo/explotación supera las 100.000 personas.
Control a proveedores
Miluska Cervantes Cornejo, gerente Legal de la Sociedad Minera Cerro Verde, dijo a ProActivo que esta compañía por tener accionariado norteamericano en su mayoría, cumple con la Ley anticorrupción de Estados Unidos. “Esa normativa nos obliga, entre otras cosas, a evaluar estrictamente a nuestros proveedores, y de esa forma contrarrestar el riesgo que podría ser entrar a transacciones con empresas que estuvieran ligadas a la corrupción, lavado de activos y terrorismo”, señaló.
Sostuvo que Cerro Verde tiene involucramiento con muchas otras áreas de negocios, cuyos servicios precisan.
“Muchas compañías mineras tienen departamentos grandes de comercialización, de producción, incluso campamentos, lo cual implica una relación directa con proveedores, educadores, hospitales, compradores, y esto hace más difícil el control que pueda tener la empresa sobre esas personas con la cual realiza transacciones”, acotó.
Anotó que el costo del sistema corporativo que tiene Cerro Verde contra el lavado de activos no es muy significativo, considerando que el negocio minero es de alta inversión en el caso de las grandes compañías del sector. En cambio, dijo, se dificulta el proceso para las medianas o pequeñas.
Asimismo, dijo que las autoridades peruanas competentes deben conocer a fondo el real nivel del negocio de la actividad minera, para implementar con realismo una normativa Plaft en el sector. “En esa normativa sería recomendable recoger la opinión de los representantes de los mineros”, sostuvo.
Sistema de prevención
Rosa Borjas, consultora independiente, opinó que una empresa minera tiene que tener políticas de prevención para el control de clientes y proveedores, y que esas exigencias tienen que figurar en los contratos para que el cliente o proveedor sepa que si deciden desvincularlo, es porque su conducta va a impactar en la reputación corporativa de la compañía. “El sistema de prevención tiene que funcionar, ya sea de forma automatizada, con captura de información y formas de valorar y calcular el riesgo del cliente y proveedor; o también manualmente, en el caso de las pequeñas empresas”, opinó.
Minería aguarda regulación PLAFT
Debido a que el Ministerio de Energía y Minas aún no ha emitido las normas PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) aplicables a las empresas mineras, en coordinación con la UIF, el SIPLAFTMIN 2014 hizo las siguientes recomendaciones.
Establecer que el cliente tenga RUC con actividad económica de minería, con autorización del Ministerio de Energía y Minas y que exista relación entre el capital social de la empresa versus el monto involucrado en las operaciones comerciales vinculadas a la actividad minera.
Asimismo que las empresas o personas naturales que se dedican a la venta de oro no registren informes o reportes negativos de estar involucrados en minería ilegal u otro delito.
Recomendaron además que se exija al representante legal, que demuestre su actividad empresarial, la forma en que lo hace, los trabajadores que emplea, la maquinaria o equipos que utiliza, el producto quecompra o acopia, y a quiénes compra, exportaciones hechas y estados financieros.
Entre tanto, a Junio 2014, la UIF elaboró 19 IIF vinculados al delito de minería ilegal, los cuales involucraron operaciones por US$ 3,399 millones de dólares.