Las autoridades de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) e incluso las organizaciones exportadoras, han detectado una fuerte baja en las exportaciones del oro, que están comenzando a afectar los ingresos al Estado.
Fuentes de la Sunat advirtieron que desde octubre el año anterior se ha detectado que el contrabando del oro informal procedente de los asentamientos mineros La Rinconada y otros, prácticamente desviaron hacia Bolivia y la ilegalidad aumentó drásticamente.
El principal problema es que los operadores mineros no dan las Constancias de Origen a los trabajadores para que estos vendan su oro a la empresa Minerales del Sur autorizada para esta operación. Raúl Choque, dirigente de los trabajadores, ha cuestionado tanto a los operadores y al Estado. Los operadores por su lado aducen que tienen impedimentos para la compra de explosivos.
En una mesa de diálogo tanto la Sunat, Drem, MEM, Sucamec y otras entidades ya resolvieron el asunto y esperan legalizar la venta en los siguientes días. La última reunión se realizó el domingo.
Choque señaló que el Estado, es el principal promotor de la ilegalidad por trabar las autorizaciones para que estos vendan el oro a Minerales del Sur.
Mientras tanto, los trabajadores anunciaron que presentarán un proyecto de ley para legalizar el “cachorreo”, una forma de pago y retribución económica a los obreros mineros. Según la propuesta que elaboran, los pagos son en especies mineralizadas por mes y que beneficiaría no sólo a los mineros de La Rinconada sino a los de Sandia y Carabaya.
Los obreros quieren que también los operadores reconozcan los derechos laborales pagándoles en especies mineralizados. Es decir quieren el pago de utilidades, bonos de Navidad y Fiestas Patrias y otros. Esperan que en el mes de abril este proyecto sea presentado al Congreso y al Ejecutivo.
Correo
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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