Puno. Los comités de regantes que agrupan a las poblaciones afectadas por la minería ilegal que contamina la cuenca del Ramis lanzaron una oferta al Gobierno a cambio de no bloquear carreteras en enero.
Piden la instalación de una base policial-militar en la provincia de Azángaro, tal como fue el compromiso de Daniel Urresti cuando era el alto comisionado contra la minería ilegal e informal.
El pedido será planteado formalmente a la Presidencia del Consejo de Ministros. “Seguimos con este problema desde hace años. Nadie nace nada. Si no nos atienden, retomamos las protestas en enero”, advirtió Vladimir Mamani, presidente del comité de lucha de los afectados.
Mamani explicó que los efectivos de la base se encargarían de combatir permanentemente a la minería ilegal, acentuada en la zona alta del distrito de Ananea, desde donde los mineros descargan sus relaves a los ríos de la zona que al final desembocan en el lago Titicaca.
Fuente: La República
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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