Hoy, el pleno del Congreso inició la sesión con el debate del proyecto de ley que propone la Ley del Teletrabajo. La iniciativa sustentada por el congresista Marco Verde, de Alianza para el progreso, busca derogar la Ley 30036 que actualmente rige el teletrabajo y establece que los equipos usados por los servidores para realizar el teletrabajo deberán ser provistos por las entidades para las que prestan servicios.
Al respecto, Jaime Cuzquén, socio de Laboral & Migratorio de KPMG en Perú, comenta que este nuevo texto es mejor a los anteriores proyectos de ley que existían sobre teletrabajo, puesto que recoge gran parte de las bondades que introdujo el trabajo remoto actualmente vigente. Asimismo, rescata que ahora el teletrabajo queda como una facultad del empleador; en ese sentido, no necesita el consentimiento del trabajador para aplicarlo en caso de que se sustente en una necesidad real por parte de la entidad.
Sin embargo, un hecho cuestionable que encuentra el especialista es la diferencia que existe en su aplicación para el sector público y privado. “En el caso del sector privado se señala que los aportes de los equipos pueden ser por parte del trabajador o del empleador y si fuese lo primero se abre la posibilidad de la compensación. No obstante, en el caso de la administración pública se genera una diferencia porque indica que cuando el trabajador aporta los equipos, el Estado no compensa los gastos por lo que puede haber una afectación real a diferencia del trabajador del sector privado, circunstancia que sería considerada como un trato discriminatorio” precisa Cuzquén.
Por otra parte, el especialista resalta que otro punto discutible del dictamen es que el tiempo del traslado del teletrabajador hacia la oficina será considerado como parte de la jornada cuando se trata de un teletrabajo parcial. “Esto claramente es una distorsión de la naturaleza misma de la relación laboral, donde la disponibilidad del tiempo del trabajador es desde que ingresa a las oficinas o planta, o en el caso del actual trabajo remoto desde que prende su laptop. Pero en ningún caso el tiempo de desplazamiento podría ser parte de la jornada de trabajo porque no hay servicio efectivo durante el trayecto”, aseguró.
Finalmente, Cuzquén argumenta que, en materia de seguridad y salud en el trabajo, el proyecto de ley es ambiguo. “La ley de seguridad tiene un nivel de prevención muy alto que no puede ser aplicado al teletrabajo como si fuera trabajo presencial, puesto que le obligaría a la empresa a monitorear riesgos que no puede identificar ni controlar, pues se trata de riesgos propios del domicilio del trabajador o desde donde se encuentre laborando”. En ese sentido, afirmó que es una buena oportunidad para que la ley de teletrabajo establezca algunas limitaciones pensando en la responsabilidad que se pueda imputar para la empresa es aspectos en los que no tiene competencia ni control.
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