El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, informó a los integrantes de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que el proyecto de modernización de la Refinería de Talara (PMRT) ha arrojado una pérdida –hasta la fecha– de más de mil cien millones de soles.
El alto funcionario fue invitado por el grupo, que preside Carlos Alva Rojas (AP), para que informe sobre la auditoría realizada a Petroperú en el proceso de contratación para la construcción de unidades auxiliares y trabajos complementarios de dicha refinería.
El proyecto inicial, manifestó, tenía un costo de 1300 millones de dólares; luego, esta inversión se incrementó a 3500 millones de dólares. En ese momento, los directivos de Petroperú decidieron, en vez de hacer un proyecto integral, tercerizar las unidades auxiliares.
“Estas decisiones, dijo, no son estrictamente decisiones legales, son también decisiones técnicas, económicas y financieras; y hasta el momento la empresa ya lleva invertidos 5718 millones de dólares al 2021”.
“Cada día que pasa esto cuesta más a Petroperú y, por tanto, a la nación peruana. No es que han robado, es que han decidido mal”, indicó.
Por ello, incidió en el tema, no se ha analizado aún si ha habido corrupción. Se requiere que entre en operaciones y una nueva auditoría va a determinar si la refinería vale eso o está sobrevalorada, y dónde se ha sobrevalorado.
Mientras tanto, el contralor informó que el primer informe de auditoría de cumplimiento de la Contratación de los servicios y ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios ha determinado responsabilidades de tipo administrativo y civil.
El perjuicio económico es de más de 1100 millones de soles e identifica responsabilidad en tres expresidentes de directorio, 14 exmiembros de directorio, dos ex gerentes generales, y 25 funcionarios.
Al finalizar la exposición, la congresista Francis Paredes Castro (PL) expresó su preocupación por el retraso en la entrega de la refinería, “porque afectará la rentabilidad de la empresa y su capacidad para el pago de la deuda que ha asumido para la misma, y que podamos estar frente a un caso de posible corrupción”.