Pablo de la Flor, director de la SNMPE
Para Pablo de la Flor, director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las demandas que mantienen bloqueado el corredor minero no son por afectaciones ambientales a las comunidades aledañas a la minera Las Bambas, se trataría de un “chantaje que no se debe aceptar”.
“Nadie puede negociar con una pistola sobre la mesa. En Chumbivilcas no existe una preocupación ambiental, las protestas de los comuneros no son para solicitar que rieguen la vía o no generen menos polvo, no; es un tema comercial. MMG brindó propuestas sensatas que fueron rechazadas por la intransigencia de un grupúsculo de líderes de una comunidad en Chumbivilcas que pretenden imponer criterios comerciales; es un chantaje que no debemos aceptar”, manifestó De la Flor a Perú21TV.
Minera MMG detendrá sus operaciones esta semana tras bloqueo de carreteras, la compañía a cargo de la mina de cobre aseguró que buscará coordinar con el Gobierno y las comunidades de la zona para llegar a un acuerdo.
Conversamos con Pablo de la Flor director ejecutivo de la SNMPE sobre el paralización de Las Bambas por el bloqueo de vías y la falta de acuerdo entre el Gobierno y la comunidad de Chumbivilcas.
De acuerdo con el especialista es la narrativa del Gobierno que normaliza el bloqueo de vías, favoreciendo la suspensión de operaciones mineras y con ello pérdidas económicas.
“Mientras tanto, la narrativa del Gobierno, lejos de facilitar la solución de las controversias, termina alentándolas o exacerbándolas, normalizando el bloqueo de vías; es por ello que MMG ha reducido su producción de 450 mil a 300 mil toneladas de cobre. Es una gravísima pérdida económica. Las pérdidas por día ascienden a 10 millones de dólares. Cada día se deja de transferir 300 mil dólares a la región Apurímac y el grupo humano perjudicado serán más de 8 mil trabajadores”, remarcó.
Fuente: Perú 21
El Ministerio Público debería actuar de oficio contra los dirigentes chantajistas de estas comunidades campesinas, acusándolos por el delito de extorsión, delito de interrupción del libre tránsito y hostigamiento. Estos dirigentes están coludidos con abogados inmorales que amedrentan a los comuneros para que activen conflictos sociales.
El Congreso debería crear una Ley drástica que sancione a abogados que valiéndose de su profesión actúen con estas actuaciones maliciosas. Esta ley sancionaría con la “cancelación o anulación del título profesional”. Así también esta Ley sancionaría para los servidores públicos con título profesional que estén inmerso en actos de corrupción comprobada, actos inmorales y omisión a las funciones.