El ministro de Defensa, Jorge Luis Chavez Cresta, aseguró enfáticamente que no existe evidencia de que el armamento empleado por organizaciones criminales en los recientes hechos de violencia registrados en Ecuador proceda o pertenezca a las Fuerzas Armadas del Perú.
“He tomado contacto con el ministro de Defensa del Ecuador y nos ha manifestado que no existe evidencia de ello”, señaló Chávez Cresta, al tiempo de referir que la misma información la brindó el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del vecino país y el Jefe de la Policía de Guayaquil.
“Todas estas autoridades han señalado que no se puede comprobar que el material de guerra incautado en Ecuador sea procedente del Perú. Esa es la información oficial. Acá no estamos hablando de versiones periodísticas, sino de lo que señalan los organismos oficiales de Ecuador”, subrayó.
Agregó que las autoridades del Ecuador sí han confirmado la presencia de dinamita de procedencia peruana. Sin embargo, ese material explosivo no pertenece a las Fuerzas Armadas ni es de uso militar, sino que es utilizado por empresas privadas principalmente para actividades del sector minero.
Auditoria
Asimismo, respecto a la auditoría que se está culminando en los arsenales de las FF.AA., aclaró que la misma se inició hace tres meses cuando se encontró una presunta granada militar en San Juan de Lurigancho y no como consecuencia de las versiones sobre supuesto material de guerra peruano en Ecuador.
“Este trabajo lo hemos iniciado hace tres meses y no ha sido fácil. Estamos hablando de un inventario en 430 polvorines y 31 almacenes de armas, munición y explosivos que están destinados a las actividades, entrenamiento y reserva de nuestras Fuerzas Armadas”, explicó.
Para tener una noción de la magnitud de la tarea, Chavez Cresta indicó que solo en lo correspondiente a munición, las Fuerzas Armadas cuentan con 50 millones de cartuchos de diferente calibre, y en el caso de las granadas su número supera las 100 mil.
Agregó que los resultados de la auditoria deben estar listos en la presente semana y sobre esa base se adoptarán las acciones que correspondan para determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar.
“Lo que quisiera dejar absolutamente claro es que desde que se tuvo conocimiento de esa supuesta granada militar en San Juan de Lurigancho, extremamos las medidas de seguridad en todas las instalaciones que guardan material de guerra para evitar cualquier tipo de sustracción”, puntualizó.