- Pese a ello, se obtuvieron más de 1300 sentencias condenatorias entre 2024 y 2025.
La Fiscalía de la Nación y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) alertaron que las recientes normas aprobadas y que están en debate en el Congreso representan serias limitaciones para sancionar eficazmente a responsables de la minería ilegal, tráfico de flora y fauna silvestre y otras afectaciones ambientales.
El fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las FEMA, advirtió así que la minería ilegal genera pérdidas superiores a S/ 22 mil millones anuales, equivalentes al 2.5 % del PBI, y está directamente vinculada con el crimen organizado, trata de personas, corrupción y lavado de activos a nivel nacional.
En este sentido, existen vacíos legales que favorecen a la minería ilegal como las prórrogas constantes del Reinfo, la Ley MAPE, que plantea un nuevo registro paralelo sin plazos ni exigencias legales para las actividades informales; las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado (Ley 30077) que dejan a la minería ilegal, su financiamiento y a la contaminación ambiental fuera de su alcance por tener penas menores a cinco años; los cambios en la Ley de Extinción de Dominio, la falta de registro obligatorio de maquinaria pesada, entre otros.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, sostuvo además que la minería ilegal transporta, transforma y comercializa siete veces más recursos económicos que el narcotráfico. También indicó que, pese a las dificultades presupuestales que atraviesa la institución, “el Ministerio Público seguirá trabajando con autonomía, perseverancia y objetividad respetando el derecho de las personas y aplicando la ley y la Constitución como corresponde. Esa es nuestra misión”.
Logros fiscales
En este contexto, cabe precisar, las FEMA informaron en conferencia de prensa que se consiguió 1091 sentencias condenatorias en 2024 y 232 entre enero y mayo de 2025.
Asimismo, se logró 19 medidas de prisión preventiva en 2024, y 15 este 2025 por delitos como minería ilegal agravada, tráfico de insumos y fauna silvestre, entre otros. Del mismo modo, el año pasado se destruyó 1698 campamentos, 224 maquinarias pesadas, 2108 motores, 368 dragas y 25 mil m³ de madera extraída ilegalmente.
En este año, por otra parte se destruyó 39 pozas de cianuración, 21 minidumpers, 7 bocaminas, más de 30 mil galones de combustible y materiales de procesamiento aurífero.
Víctor Cubas Villanueva, vocero de la Fiscalía de la Nación, remarcó que la minería ilegal es el delito que más afecta la economía nacional y el medio ambiente, siendo Condorcanqui, Madre de Dios y Tambopata las zonas más golpeadas por este flagelo en el Perú.
A lo largo de este balance, por último, se subrayó la urgencia de contar con mayor presupuesto y fortalecimiento institucional para cumplir adecuadamente con las funciones asignadas.