- Ejecutivo convocó a los poderes del Estado y gremios mineros a una mesa técnica de trabajo que abordará la formalización de la actividad y el diseño de una nueva ley para la pequeña minería.
El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, remarcó que el diálogo convocado por el Ejecutivo para promover la formalización de la minería parte de una premisa fundamental: “el Perú como objetivo y la ciudadanía como beneficiaria”.
Así lo expresó durante la presentación en la que se convocó a una mesa técnica de trabajo para tratar la problemática de la formalización de la minería el lunes 14 de julio. A este espacio han sido invitados los titulares del Congreso de la República, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, así como los representantes de los gremios de la industria minera, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
La agenda de trabajo consistirá, en primer lugar, en establecer un proceso de formalización minera para los 31 560 registros autorizados. En segundo término, se abordará la implementación de los derechos laborales de los trabajadores mineros.
El tercer punto será la elaboración de una ley para la pequeña minería y minería artesanal que responda a los intereses de los trabajadores, proteja el medio ambiente y beneficie al país.
“Juntos trabajaremos y haremos crecer a nuestro querido Perú: un solo pensamiento de unidad, un solo corazón que ama a la patria y una sola fuerza para impulsar el desarrollo de nuestro país”, manifestó.
En otro momento, la presidenta afirmó que la instalación de la mesa técnica es fundamental porque es imperativo que la actividad minera se desarrolle dentro del marco de la ley, con el fin de que aporte a la sociedad, al progreso de los pueblos, de las familias y del Estado peruano.
En esa línea, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros enfatizó que este proceso debe realizarse con criterios técnicos, sin permitir su politización. “Deben analizarse técnicamente y debe llegarse a un consenso en el que sea la ciudadanía la que se beneficie, no solo un sector en particular”, señaló.
Asimismo, subrayó que la convocatoria al diálogo no significa en modo alguno un retroceso en los principios ni una permisividad frente a las acciones que atenten contra el derecho de todos los peruanos a vivir en paz.
Por último, el premier Arana manifestó que el Ejecutivo tiene claro su rol constitucional y la defensa irrestricta del Estado de derecho. “Este es un mandato que representa un anhelo, un compromiso y una posición unánime de la ciudadanía en contra de la ilegalidad”, aseveró.