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El Gobierno anunció un conjunto de medidas excepcionales para enfrentar el déficit de recursos energéticos generado tras la deflagración ocurrida en el sistema de transporte de gas natural en la región Cusco. Entre las principales acciones destacan la implementación del teletrabajo en el sector público de Lima y Callao, la promoción de esta modalidad en el sector privado y la adopción de clases remotas en instituciones educativas durante una semana.
La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, dio a conocer estas decisiones durante una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros. La medida forma parte de un paquete de disposiciones destinadas a mitigar los efectos de la crisis energética provocada por la rotura del ducto transportador de gas natural operado por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en la región Cusco.
Según explicó la jefa del Gabinete Ministerial, el teletrabajo se aplicará en todas las entidades del sector público ubicadas en Lima y Callao durante el periodo de contingencia. Asimismo, el Poder Ejecutivo exhortará al sector privado a adoptar esta modalidad laboral con el objetivo de reducir la demanda energética mientras se restablece el suministro de gas natural.
El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Cáceres, precisó que la implementación del teletrabajo comenzará a partir de la próxima semana. De acuerdo con el ministro, esta alternativa permitirá que algunas empresas continúen sus operaciones sin depender intensamente del consumo de gas natural.
Cáceres añadió que, en el caso de determinadas industrias que podrían verse afectadas por la reducción del suministro energético, también se promoverá la negociación de adelantos de vacaciones para los trabajadores que no requieran presencia inmediata en sus centros laborales. Esta medida busca preservar la continuidad económica y laboral mientras se normaliza la situación.
Clases remotas y medidas para reducir el consumo energético
En el sector educativo, el Gobierno determinó que durante una semana los colegios, institutos y universidades privados de Lima y Callao implementen la modalidad de clases a distancia. Con esta decisión, se busca disminuir tanto la movilidad urbana como el consumo de energía vinculado al transporte.
El Gobierno también reveló medidas destinadas a salvaguardar la economía doméstica, además de las laborales y educativas. Una de estas medidas es la ampliación temporal del vale del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) para adquirir cilindros de gas para uso doméstico. El subsidio se incrementará de S/20 a S/30 durante un mes, con el fin de favorecer a más de 1.3 millones de familias en todo el país.
De manera complementaria, el Gobierno aprobará un dispositivo legal que permitirá liberar reservas de combustibles con el fin de reforzar el abastecimiento interno. El Ministerio de Energía y Minas también autorizará la flexibilización temporal de las mezclas de combustibles con biocombustibles y otros requisitos de producción para ampliar la disponibilidad de hidrocarburos en el mercado.
La racionalización del gas natural priorizará el suministro para actividades consideradas esenciales, como el sistema de salud, la industria alimentaria, los servicios básicos, las telecomunicaciones, el transporte, la logística, el sistema financiero y la seguridad pública.
Apoyo al transporte y control del mercado de combustibles
El Gobierno anunció una medida de apoyo para taxistas que han convertido sus vehículos a gas natural en el sector del transporte. Para aliviar la carga económica de estos trabajadores durante el periodo de contingencia, el Estado cubrirá el pago mínimo mensual de la deuda asociada a la conversión de los vehículos.
Además, las autoridades fortalecerán los procedimientos de supervisión del mercado energético. El organismo encargado de proteger al consumidor aumentará la vigilancia en grifos para prevenir prácticas como el acaparamiento o la especulación con combustibles, mientras que el regulador energético reforzará la supervisión de la distribución y el abastecimiento.
Por último, se establecerá que el acaparamiento de combustibles durante situaciones de emergencia sea considerado una infracción grave, lo que permitirá aplicar las sanciones correspondientes a quienes incurran en estas prácticas.