El Poder Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040 (ENFL) mediante el Decreto Supremo Nº 001-2026-TR, una hoja de ruta multisectorial que busca reducir la informalidad laboral en el Perú y promover el acceso a empleos dignos, con derechos y protección social.
La norma se sustenta en los artículos 22 y 23 de la Constitución Política del Perú, que reconocen el trabajo como un derecho fundamental y un pilar del bienestar social. En ese sentido, el Estado reafirma su rol prioritario en la promoción del empleo productivo y en la generación de condiciones que impulsen el desarrollo económico y social del país.
Política multisectorial
La estrategia aprobada responde a un diagnóstico elaborado por la Comisión Multisectorial para la Formalización Laboral, que identificó importantes brechas y desafíos estructurales en el mercado laboral peruano. Entre los principales hallazgos se encuentra la necesidad de articular mejor las intervenciones del Estado y alinear esfuerzos entre los distintos sectores y niveles de gobierno.
En ese contexto, la ENFL plantea un modelo de intervención coordinado, orientado a lograr una mayor coherencia, complementariedad y efectividad en las políticas públicas vinculadas a la formalización laboral. La estrategia contempla seis ejes estratégicos y 31 líneas de acción, diseñados para incrementar la formalidad de manera sostenida y con enfoque territorial.
Objetivos y alcance de la estrategia
El objetivo central de la Estrategia Nacional para la Formalización Laboral 2026-2040 es incrementar la formalidad laboral en el país, garantizando que más trabajadores accedan a derechos fundamentales como la seguridad social, beneficios laborales y condiciones de trabajo adecuadas.
Asimismo, la estrategia se alinea con la Política Nacional de Empleo Decente, especialmente con los objetivos de incrementar la generación de empleo formal y ampliar la cobertura de protección social.
La implementación de la ENFL será obligatoria para diversas entidades públicas, las cuales deberán articular sus acciones para alcanzar los resultados planteados.
Participación del Estado
Uno de los aspectos más relevantes de la estrategia es su carácter multisectorial. En su implementación participan ministerios clave como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que lidera el proceso, así como los sectores de Economía, Producción, Transportes, Educación, Salud, Energía y Minas, entre otros.
También forman parte entidades estratégicas como la SUNAT, SUNARP, EsSalud, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) y el INEI, lo que evidencia un enfoque integral que abarca desde la fiscalización hasta la generación de información estadística.
Además, el decreto establece que otras entidades podrán incorporarse progresivamente, siempre que contribuyan a la finalidad de la estrategia, lo que permite una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades del país.
Conducción, seguimiento y financiamiento
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo será el encargado de conducir la implementación de la estrategia, a través de la Dirección General de Políticas para la Promoción de la Formalización Laboral e Inspección del Trabajo.
Asimismo, se encargará del seguimiento y evaluación de los avances, en coordinación con la Comisión Multisectorial para la Formalización Laboral, mediante un Plan Multisectorial que deberá aprobarse en un plazo máximo de 60 días hábiles.
En cuanto al financiamiento, la norma precisa que la implementación de la estrategia se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca no solo incrementar el número de trabajadores formales, sino también mejorar la calidad del empleo, fortalecer la productividad y promover un crecimiento económico más inclusivo.