Por: Andrés Obrecht, vicepresidente de Ausenco Perú
El Perú sigue consolidándose como uno de los destinos mineros más atractivos de la región y del mundo. Sin embargo, su verdadera competitividad ya no depende únicamente de su potencial geológico, sino de su capacidad para convertir estos proyectos en operaciones viables.
El contexto es favorable. De acuerdo con datos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se estima que la producción de cobre en el país crecerá alrededor de 4% anual, en los próximos años. Además, entre 2026 y 2028 se proyecta el inicio de nuevos proyectos que representan una inversión de US$ 6,880 millones, reforzando la posición del Perú como un hub minero clave.
A ello se suma una cartera de exploración minera robusta. Según el Ministerio de Energía y Minas, esta continúa expandiéndose con la incorporación de 32 nuevos proyectos para este 2026, que representan un crecimiento de 4,1% respecto del año pasado, lo que confirma el interés sostenido de los inversionistas por el país. En conjunto, estos indicadores reflejan un escenario propicio para el crecimiento del sector.
No obstante, el principal desafío, aparte de atraer inversiones al sector, es ejecutarla. Según el Instituto Peruano de Economía advierte que un proyecto minero puede tardar hasta 40 años en pasar de la exploración a la producción, cuando décadas atrás este proceso tomaba cerca de 20 años. Esta brecha evidencia una pérdida de competitividad frente a otros mercados más ágiles.
Tradicionalmente, este problema se ha explicado por factores como la permisología, la superposición normativa o la conflictividad social. Si bien estos elementos son determinantes, existe un aspecto menos visible, pero igualmente crítico: la forma en que los proyectos son concebidos desde sus etapas iniciales.
En muchos casos, los retrasos no solo responden a barreras externas, sino a procesos que no fueron correctamente integrados desde el inicio. Permisos que se gestionan de manera fragmentada, estudios que no dialogan entre sí o decisiones técnicas que no consideran variables sociales y ambientales terminan generando reprocesos, sobrecostos y, en consecuencia, mayores plazos.
Es en este punto donde la consultoría especializada cobra un rol estratégico. Más allá del diseño técnico, hoy su aporte está en estructurar proyectos de manera integral desde fases tempranas, incorporando criterios ambientales, sociales, regulatorios y económicos que permitan anticipar riesgos y facilitar la obtención de permisos.
El desarrollo de estudios de prefactibilidad y factibilidad, por ejemplo, ya no se limita a evaluar la rentabilidad de un proyecto. Se trata de generar información robusta y articulada que permita tomar decisiones oportunas, reducir la incertidumbre y asegurar que los proyectos nazcan con mayores probabilidades de ejecución.
Este enfoque no solo mejora la eficiencia de los procesos, sino que impacta directamente en la competitividad minera del país. En un entorno global donde el capital busca destinos más predecibles, la capacidad de avanzar sin reprocesos ni retrasos innecesarios se convierte en un factor decisivo.
Por ello, destrabar la inversión minera en el país no pasa únicamente por simplificar trámites, sino por mejorar la calidad de los proyectos desde su origen. Integrar la ingeniería, la sostenibilidad y el relacionamiento social desde el inicio permite acortar brechas, optimizar tiempos y viabilizar inversiones.
En el marco de la búsqueda por la competitividad minera en el país, nos damos cuenta de que el desafío es claro: pasar de una lógica centrada en el potencial a una enfocada en la ejecución efectiva.
El Perú tiene las condiciones para seguir liderando la minería en la región y el mundo. Sin embargo, su verdadero diferencial estará en qué tan rápido y eficientemente logra transformar su cartera de proyectos en operaciones concretas. Y en ese camino, la manera en que se diseñan y abordan los proyectos integralmente desde el inicio será determinante.