- Durante el debate que juntó a representantes de Argentina, Brasil, Chile y Perú, Angela Grossheim (SNMPE) advirtió que la excesiva regulación y las trabas administrativas restan competitividad frente a la urgencia de captar los capitales de la transición energética.
En el último día del SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, evento organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se desarrolló una mesa redonda como parte del bloque “América Latina en el marco de la competencia global por los minerales críticos”, donde se subrayó la urgencia de unificar criterios regulatorios, acelerar la ejecución de proyectos y consolidar la seguridad jurídica regional.
Bajo la conducción de Juan Carlos Guajardo (Plusmining), los representantes gremiales de Perú, Chile, Brasil y Argentina coincidieron en que Sudamérica enfrenta una ventana de oportunidad histórica debido a las transiciones energética y digital. Sin embargo, advirtieron que la riqueza mineral del continente no asegura el éxito si las condiciones institucionales internas ahuyentan las inversiones frente a otros competidores mundiales.
La directora ejecutiva de la SNMPE, Angela Grossheim, abrió el análisis destacando que el Perú cuenta con 8 de los 17 minerales críticos requeridos a nivel global, además de una cartera de inversión de 65 proyectos valorizada en US$ 63,000 millones, donde el 75% corresponde a cobre. Resaltó la “ubicación estratégica del Perú como un puente para Latinoamérica”, potenciado por el puerto de Chancay y las mejoras en el Callao, junto a una apertura total a la inversión extranjera respaldada por tratados comerciales internacionales.
Por su parte, el gerente general del Consejo Minero de Chile, Carlos Urenda, coincidió con Grossheim en que las trabas estatales —sobrerregulación, permisos, entre otros— también son un factor crítico en su país. “Nosotros no tenemos tramitología, tenemos permisología. Es un sistema muy complejo, con leyes ambientales, permisos sectoriales y fallos de tribunales que dificultan los proyectos”, sostuvo Urenda, agregando que la rigidez laboral y los costos energéticos merman la competitividad frente a la urgencia de ejecutar los proyectos que ya están listos.
Por su parte, el director de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), Rinaldo Mancin, describió que la falta de articulación y la desconexión del Estado con el sector no es exclusiva de Perú o Chile, detallando la situación en Brasil. Adujo que la minería sufre de invisibilidad ante las políticas públicas pese al interés de Estados Unidos y Europa por financiar proyectos de litio y tierras raras.
Mancin cuestionó las propuestas de mayor control estatal en su territorio, entre otros desafíos: “Tenemos buenas reservas y buenos potenciales minerales. ¿Qué no tenemos en Brasil? No tenemos acceso a la financiación ni tenemos acceso a la tecnología. Si se va a apalancar un sector nuevo hay que poner incentivos, por lo que el desafío es mantener la competitividad y escapar de las guerras políticas”, precisó.
En contraste, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, mostró cómo su país busca desmarcarse mediante reformas normativas agresivas diseñadas para otorgar predictibilidad a las compañías. Cacciola detalló el avance del litio y las proyecciones del cobre en Argentina gracias a herramientas recientes de atracción de capitales de largo plazo. “El RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) trajo certezas al inversor de que va a poder desarrollar sus inversiones sin limitaciones, algo clave dado el pasado de incumplimiento. La ley de glaciares ahora fortalece el objeto de protección, pero da potestad a las provincias en terreno”, precisó.
Objetivos en común
Ante esta problemática común de la región, los ponentes coincidieron en los aspectos más críticos de la agenda de cada país y las trabas normativas vigentes. Puntualizaron que se requiere un liderazgo claro y una revisión de los permisos, no para reducir estándares, sino para ver cómo articulan las diferentes entidades públicas entre sí.
En esa línea, sostuvieron que los proyectos mineros deben ser vistos como un objetivo nacional estratégico. Como ejemplo, en el caso del Perú actualmente existen 29 entidades públicas involucradas y más de 260 permisos para sacar adelante un solo proyecto.
Frente a estas barreras y en el marco del balance geopolítico del bloque, los líderes gremiales de Perú, Argentina, Chile y Brasil resaltaron la necesidad de mantener una política de apertura total y transparente hacia todos los mercados internacionales sin sesgos ideológicos, centrando las exigencias de elegibilidad de los capitales estrictamente en el cumplimiento de altos estándares socioambientales que garanticen la sostenibilidad de las operaciones.
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