- La Declaración de Cusco traza una estrategia con tecnología, monitoreo en tiempo real y mayor fiscalización para frenar actividades ilícitas que amenazan ecosistemas clave.
Los Gobiernos Regionales han puesto sobre la mesa una ofensiva articulada contra la minería ilegal en las Áreas de Conservación Regional (ACR), uno de los principales focos de presión sobre ecosistemas estratégicos del país. La medida quedó plasmada en la Declaración de Cusco, suscrita al cierre del III Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional, realizado entre el 6 y el 9 de septiembre.
El documento plantea una hoja de ruta que prioriza la prevención y la trazabilidad de las amenazas, incorporando herramientas tecnológicas como sistemas de alerta temprana y monitoreo en tiempo real. La apuesta busca anticiparse al avance de economías ilegales —como la minería y la tala— que han encontrado en estos territorios espacios vulnerables por limitaciones de control y recursos.
La estrategia contempla además el desarrollo de protocolos más rigurosos de evaluación y fiscalización, en coordinación con entidades competentes, así como acciones de saneamiento físico-legal para cerrar brechas que hoy facilitan la ocupación y uso indebido del territorio.
Uno de los principales consensos entre las regiones es que la respuesta actual resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. Por ello, la Declaración de Cusco propone fortalecer progresivamente la capacidad operativa de las ACR mediante la asignación de personal, equipamiento, logística y tecnología.
A esto se suma un problema estructural: la alta rotación de funcionarios. Los Gobiernos Regionales plantean garantizar continuidad en jefaturas y equipos técnicos para evitar que los cambios de gestión interrumpan procesos de vigilancia, control y conservación ya iniciados.
En paralelo, se busca reforzar los comités de gestión y espacios de gobernanza multiactor, incorporando a comunidades, organizaciones territoriales y otros actores clave en la vigilancia y protección de estos espacios.
Financiamiento: el otro frente de batalla
La sostenibilidad financiera aparece como otro eje crítico. La Declaración de Cusco propone modificar los mecanismos de asignación presupuestal para habilitar el uso de recursos del canon en la gestión de las ACR, una demanda recurrente de las regiones.
Asimismo, se plantea que cada área identifique sus brechas financieras y costos esenciales, con el objetivo de integrarlos en la programación multianual. La estrategia incluye articular recursos provenientes del presupuesto regional, inversión pública, cooperación internacional y mecanismos como los MERESE.
Más allá de la respuesta inmediata a las economías ilegales, los Gobiernos Regionales buscan incorporar la conservación como un componente estructural de la planificación territorial. En esa línea, se plantea fortalecer los Sistemas Regionales de Conservación y articular las ACR con otras modalidades de protección y desarrollo.
La Declaración de Cusco también impulsa evaluaciones sistemáticas de biodiversidad y la construcción de líneas base que permitan orientar decisiones de inversión, restauración y vigilancia. El objetivo es que criterios como biodiversidad, servicios ecosistémicos, riesgo y conectividad sean parte de los instrumentos de planificación regional.
Una agenda en seguimiento
Los acuerdos serán monitoreados por la Red Nacional de ACR y evaluados periódicamente en espacios de coordinación nacional. El siguiente hito será en 2027, cuando Ucayali sea sede del IV Congreso Nacional de Áreas de Conservación Regional.
El desafío, advierten las regiones, no pasa solo por crear nuevas áreas protegidas, sino por asegurar que estas cuenten con institucionalidad, recursos y capacidades suficientes para resistir el avance de actividades ilegales y garantizar su conservación en el largo plazo.
Email: [email protected]
Deja una respuesta