El lunes 14 de setiembre, el rector interino de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Arturo Talledo, se encerró detrás de una puerta de metal en la sede principal de la universidad, acompañado de estudiantes afines, para evitar que se ejecutara una medida cautelar que ordena su salida y la asunción de Shirley Chilet como rectora. La escena fue tensa. Del otro lado, estudiantes partidarios de Chilet intentaron abrir paso con una amoladora y una ganzúa. No lo lograron.
Chilet llegó acompañada de cinco policías para ejecutar la orden de la jueza Kelly Cuevas Payano, quien el 9 de setiembre había dejado sin efecto la designación de Talledo como rector interino y ordenado que ella asuma el cargo en un plazo de cinco días. No pudo entrar. «Los estudiantes han tomado esa iniciativa, realmente enfervorizados, porque la seguridad no permitió mi ingreso», declaró Chilet a ‘ContraCorriente’. La Policía se retiró tras verificar la resolución judicial. Minutos después, un grupo de presuntos estudiantes afines a Talledo llegó al lugar. Hubo empujones, forcejeos y golpes. La puerta quedó cerrada.
La medida cautelar fue concedida en el marco de un proceso judicial que cuestiona la legalidad de la elección de Talledo. La Asamblea Universitaria lo designó rector interino en abril de 2025, tras la renuncia de Alfonso López Chau, hoy senador y líder del partido Ahora Nación. El proceso señala que su elección no respetó el artículo 57 del estatuto, que establece la sucesión automática de la vicerrectora académica en caso de vacancia del rector. Chilet había sido vacada de su cargo en julio de 2025 por la propia Asamblea, una decisión que su defensa cuestiona y que la Contraloría ha observado.
En febrero de 2026, la Fiscalía citó a López Chau para que declare por presuntos delitos de peculado y negociación incompatible vinculados a su gestión como rector de la UNI. La Contraloría anunció una auditoría de su periodo. Y en marzo, un informe periodístico reveló que la universidad había contratado a personas vinculadas al proyecto político del izquierdista, incluyendo a un exfuncionario de la ONPE con un historial controvertido. El rectorado de la UNI, en la práctica, se convirtió en un espacio en disputa entre un proyecto político y la institucionalidad universitaria.
El congresista de Ahora Nación Ángel Meneses pidió la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar daños a la infraestructura. La universidad no emitió pronunciamiento oficial. La pregunta que queda flotando es qué hará el Poder Judicial ante un rector que se niega a acatar una medida cautelar. El fallo advierte que el incumplimiento puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, incluida una denuncia por desobediencia o resistencia a la autoridad. Mientras tanto, la UNI sigue envuelta en un grave conflicto.
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