Milton von Hesse (Foto: Gestión)
Bajo la consigna “agro sí, mina no”, miles de ciudadanos de Valle de Tambo alzaron su voz de protesta contra el proyecto minero Tía María por considerar que la actividad contaminaría el agua y, por consiguiente, perjudicaría su fuente de trabajo: la agricultura. Tras 26 días de paro, Arequipa sufrió pérdidas acumuladas por más de US$800 millones, lo que afectó al 50% de la población económicamente activa.
¿Pueden convivir la minería y la agricultura para generar desarrollo? La respuesta es sí. Las poblaciones aledañas a la mayoría de proyectos mineros del país se dedican a la agricultura o a la ganadería. Es comprensible, entonces, que se preocupen por el acceso al recurso hídrico. Las compañías mineras, por ende, deben asegurar la disponibilidad del agua como punto de partida. Pero los gobiernos regionales y locales también tienen que contribuir orientando los recursos del canon minero hacia la realización de proyectos de infraestructura hídrica para generar una agricultura próspera y moderna.
Una agricultura es próspera cuando es productiva y eficiente. Actualmente, tenemos los rendimientos por hectárea más bajos de la región en cultivos extensivos como la papa, el maíz y las hortalizas. Esto se debe principalmente a que el productor no aplica insumos agrícolas de calidad (semillas certificadas, fertilizantes con micronutrientes, etc.) por desconocimiento, falta de acceso o por tradición. Por ejemplo, más del 55% de los pequeños y medianos agricultores no aplica ningún tipo de fertilización, trayendo por consecuencia baja productividad en cada campaña y suelos improductivos en el mediano plazo.
Tampoco están acostumbrados o no tienen los recursos para realizar un análisis de suelos que les permita determinar el nivel de acidificación o la deficiencia de nutrientes que presenta, ni se animan a diversificar su producción por cultivos más rentables. Harían bien las compañías mineras (como, de hecho, hacen algunas) en impulsar programas de fomento de agricultura productiva y sostenible en la que brinden capacitaciones y apoyo técnico a los agricultores de manera constante.
En cuanto a la participación de los gobiernos regionales y locales, si bien estos no pueden disponer del canon para ejecutar proyectos con el sector privado, sí pueden solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas financiamiento con recurso ordinario para emprender alianzas estratégicas que desarrollen cadenas de valor agrarias. En este contexto, es importante convocar al sector privado para que asuma el compromiso de diseñar programas de transferencia de conocimiento en manejo integral de los cultivos.
Para ser exitosos en este esfuerzo, cada parte tiene que aportar lo que le corresponde: el Gobierno con infraestructura en agua y carreteras; el agricultor con sus tierras, trabajo y conocimiento; y el sector privado contribuyendo con tecnología, insumos y mercados.
Fuente: El Comercio