La Contraloría General de la República reveló hoy que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) habría dejado de recaudar más de 3 millones de nuevos soles durante el primer semestre del 2013 por no detectar a tiempo el vencimiento del plazo de las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas.
El organismo de control precisó que la ANA, como máximo ente rector de la gestión del agua, está encargada, entre otros, de autorizar y renovar las autorizaciones a las empresas que vierten aguas residuales tratadas a los ríos, lagos y mares, previo procedimiento administrativo, , entre ellas las once mineras cuyas autorizaciones vencieron en la citada fecha.
Durante la auditoria de gestión realizada, la Contraloría tomó una muestra de expedientes de empresas mineras que habían obtenido la autorización para realizar sus vertimientos de aguas tratadas en los últimos años y se detectó que once autorizaciones habían caducado.
De estas once empresas, diez solicitaron obtener las renovaciones de las autorizaciones pero al mes de junio del 2013 la ANA no las había resuelto y seguían “en trámite”, existiendo una que no presentó su solicitud de renovación de la autorización.
En inspecciones físicas realizadas a tres de estas empresas mineras, los auditores comprobaron que continuaban realizando sus descargas producto de su actividad minera, a pesar de que no habían obtenido la renovación de la autorización para realizar dichas descargas.
La Contraloría General señaló que la inacción de la ANA podría estar causando un daño ambiental debido a que los efectos de los vertimientos no autorizados, no fueron evaluados oportunamente por la Autoridad Nacional.
En diciembre pasado, el Órgano Superior de Control recomendó a la Autoridad Nacional del Agua priorizar la evaluación de los expedientes de renovación de autorización presentados por las 10 empresas mineras e inspeccionar aquella que no había presentado la solicitud de renovación, lo que contribuirá a proteger y conservar los recursos hídricos.
Mayor control
Durante la auditoria realizada, se evidenció además varias deficiencias de gestión en las actividades de autorización de vertimientos de aguas residuales, que pueden afectar la conservación y protección de los recursos hídricos.
En forma general, no se exigió a las empresas mineras y de hidrocarburos, el control de los parámetros de monitoreo de calidad de agua contemplados en la normativa, lo cual no permite realizar el seguimiento de contaminantes y control de las fuentes de contaminación del agua.
Tampoco se consignó en las autorizaciones de vertimientos de aguas residuales tratadas, la ubicación geográfica y estratégica de los puntos de control donde la ANA debía vigilar la calidad del agua.
La información sobre la evaluación ambiental del efecto del vertimiento, establecida específicamente en la normativa, no se ha acreditado en la presentación de los expedientes de algunas empresas; otras, lo han considerado, pero sin la información establecida. No obstante ello, se emitieron resoluciones de autorización de vertimientos.
En otros casos, se observa que las empresas han presentado sus estudios hidrobiológicos, sin embargo, estos no han sido evaluados por la ANA e igualmente se autorizaron los vertimientos.
La Contraloría General ha recomendado a la ANA reforzar la capacidad operativa de la Dirección de Gestión de Calidad de los Recursos Hídricos, así como de las Administraciones Locales de Agua con personal especializado en temas de recursos hídricos y evaluación de tratamiento de aguas residuales.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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