Ante las recientes notas periodísticas que señalan que la industria minera buscaría la desaparición del OEFA o la ausencia de acciones de fiscalización ambiental sobre sus actividades, expresamos nuestro rechazo a tales afirmaciones.
Las empresas mineras formales que trabajan en el país apoyan las labores de fiscalización ambiental que ha establecido el Estado peruano y son respetuosas de la normatividad sobre protección del ambiente.
En ese sentido, no nos oponemos a las funciones de supervisión y fiscalización en materia ambiental a cargo de la OEFA, por el contrario consideramos que una institución que realice un trabajo técnico y profesional de fiscalización permitirá un mejoramiento continuo de las prácticas de gestión ambiental en el país, beneficiando a todos los peruanos.
Las compañías mineras están de acuerdo con asumir el costo de estas tareas de fiscalización, siempre y cuando se ajusten al marco legal y a las labores efectivamente prestadas por la entidad a cargo.
Lamentablemente, trasgrediendo el marco constitucional y las normas especializadas vigentes en el país, en el año 2013 se creó un tributo confiscatorio a favor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), denominado “Aporte por Regulación”, el mismo que viene siendo cuestio- nado ante las instancias correspondientes.
La Constitución Política y las leyes peruanas reconocen que los ciudadanos y empresas que se sientan afectados en sus derechos puedan acudir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional en búsqueda de justicia y garantías amparadas en el Estado de Derecho.
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