En un hito legislativo de gran relevancia, los legisladores chilenos han aprobado un proyecto de ley modificado que establece un aumento en los impuestos y regalías que las empresas mineras deberán pagar al gobierno del país. Después de casi dos años de trabajo en el proyecto, finalmente ha recibido el respaldo del Senado y ha obtenido una aprobación significativa de 101 votos a favor y 24 en contra. Ahora, solo falta la firma del presidente Gabriel Boric, quien ha expresado su apoyo público, para que el proyecto se convierta en ley.
Una de las disposiciones clave de la ley establece una tasa máxima de impuestos de alrededor del 47% para las empresas que producen más de 80,000 toneladas de cobre fino al año, lo cual se considera elevado dentro de la industria. Además, se impone un impuesto ad valorem de tasa fija del 1% a los mineros que producen más de 50,000 toneladas anuales, junto con un impuesto adicional que oscila entre el 8% y el 26%, dependiendo del margen operativo del minero. La depreciación, así como los costos de suministro y trabajo, se tomarán en cuenta al calcular los ingresos de las empresas.
Chile, el principal productor mundial de cobre y el segundo de litio, actualmente carga a las compañías mineras con un impuesto del 41% al 44%, que es similar a lo que imponen sus principales competidores, como Perú, a los grandes productores.
La reforma fiscal se ha centrado en el techo impositivo para las grandes compañías mineras, incluyendo a BHP, Anglo American y Teck Resources, generando un intenso debate durante meses. El objetivo ha sido aumentar la contribución del sector minero sin socavar la competitividad de Chile.
La Asociación de Minería de Chile (Sonami) ha expresado alivio ante la aprobación de esta medida, ya que pone fin a casi cinco años de incertidumbre para el sector. El presidente de Sonami, Jorge Riesco, ha destacado que el lenguaje legislativo final es mejor que el propuesto inicialmente por el gobierno y ha dado crédito al ministro de Hacienda, Mario Marcel, por introducir revisiones favorables a la industria.
Sin embargo, la controvertida ley no ha dejado a todos satisfechos, y algunos críticos han señalado la cláusula “ad valorem”. María Paz Puga, asesora legal minera y académica, ha explicado que esta cláusula crea la obligación de pagar impuestos incluso cuando no hay ganancias. Puga ha enfatizado que si las empresas venden en períodos de bajos precios, no solo tienen pérdidas en términos de ganancias, sino que también deben pagar impuestos.
A pesar de las críticas, el ministro Marcel ha aplaudido los resultados de la votación y ha destacado que el aumento en la participación gubernamental requerida de los mineros abordará abusos del pasado.
Se espera que esta reforma, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024, inyecte alrededor de $1.5 mil millones