En consulta previa, las siete organizaciones que representan a los 52 pueblos indígenas del país aprobaron el proyecto del Reglamento de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, promovido por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).
El Ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benites, resaltó el esfuerzo de las organizaciones indígenas participantes y el Serfor, ente promotor de la consulta previa y destacó los logros alcanzados en este proceso que marca un hito histórico.
“Este proceso demuestra que con el diálogo se puede llegar a acuerdos, en beneficio del país y la democracia. El Estado ratifica su respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el rol que cumplen en el desarrollo forestal y la gestión de nuestros recursos naturales”, destacó.
La directora ejecutiva del Serfor, Fabiola Muñoz, afirmó que es posible construir un país y futuro diferente, y que se ha trabajado por una ley y reglamento que va a beneficiar a los pueblos y comunidades, sobre todo de aquellos que viven del bosque.
Los representantes de las organizaciones indígenas manifestaron su agradecimiento por la apertura de diálogo, la tolerancia y porque el Estado ha escuchado sus necesidades y la importancia de articular con los ciudadanos alejados del país.
Janmer Manihuari, vicepresidente de La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), reconoció el aporte de las organizaciones indígenas tanto de la amazonía, como de la zona andina y de mujeres que les ha permitido organizar una propuesta de carácter nacional que beneficiará a miles de ciudadanos y ciudadanas.
Mencionó que esta consulta previa es un ejemplo clave para las demás instituciones y espera las repliquen, porque es el inicio de una nueva etapa para el país.
Se informó que todo el proceso contó con la asesoría del Grupo Intergubernamental integrado por los Ministerios del Ambiente, de Cultura, a través de su Viceministerio de Interculturalidad, ente rector de la consulta previa.
Así como de las carteras de Comercio Exterior y Turismo, de la Producción, la Presidencia del Concejo de Ministros, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) y los Gobiernos Regionales, a través del Consejo Interregional Amazónico (CIAM). La Defensoría del Pueblo participó como observador.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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