En Arequipa denunciaron a 448 funcionarios de gobiernos locales, provinciales y regionales por el mal uso de los recursos del Estado. Así lo informó el contralor de la República, Fuad Khoury, quien llegó a suscribir un convenio con el Gobierno Regional para la transferencia de la Oficina de Control Institucional (OCI), tanto con sus trabajadores como los recursos económicos para el mantenimiento de las auditorías.
SANCIONES
El funcionario dijo que son 448 denuncias realizadas contra funcionarios, con 73 auditorías financieras, 354 con denuncia civil, 365 con procesos administrativos y 2 mil funcionarios de toda la región con sanciones leves y llamadas de atención. De los que tienen procesos administrativos, 97 funcionarios han sido inhabilitados entre 1 y cinco años de la administración pública.
Sobre el convenio, el GRA se comprometió a transferir a la Contraloría General los recursos presupuestarios para que asuma la total administración y operatividad del Órgano de Control Institucional-OCI de esta dependencia regional, que ahora realizará su labor de fiscalización del uso de los bienes y recursos públicos de manera independiente.
Se espera que en 3 meses tenga la Contraloría el manejo del total de todos sus trabajadores.
Este es el segundo gobierno regional que se suma a la iniciativa que impulsa la Contraloría General con el propósito de promover una gestión pública íntegra, eficiente, eficaz, moderna y transparente, y en el marco de su estrategia de prevención y lucha contra la corrupción. El primero fue la región Ica.
El Gobierno Regional de Arequipa contará ahora con un Órgano de Control Institucional efectivo, oportuno, autónomo e independiente para prevenir la corrupción, precisó el contralor.
El contralor Khoury Zarzar, destacó la voluntad política de luchar contra la corrupción mostrada por la nueva presidenta regional.
El Pueblo
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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