La Asociación de Consumidores del Gas en el Perú (ACG) exhortó al próximo gobierno a priorizar acciones para garantizar la disponibilidad del sistema de transporte de gas natural de Camisea, al considerar que la reciente interrupción del servicio evidenció vulnerabilidades que podrían afectar la seguridad energética y la economía nacional. La organización sostiene que la infraestructura concesionada a Transportadora de Gas del Perú (TGP) debe cumplir con los niveles de disponibilidad establecidos en el contrato de concesión y que es necesario adoptar medidas correctivas de manera inmediata.
Según el comunicado emitido por la ACG, han transcurrido cuatro meses desde la deflagración ocurrida en el kilómetro 43 (KP 43) del sistema de transporte de gas natural de Camisea, incidente que provocó la interrupción del servicio durante dos semanas. La asociación afirma que este evento generó un impacto económico significativo en diversos sectores, entre ellos el transporte, la industria, el comercio y otras actividades productivas del país.
El documento señala que Osinergmin, mediante el Informe N.° 427-2026-OS-DSGN/UIGN, identificó dos presuntos incumplimientos por parte de TGP respecto de su contrato de concesión con el Estado peruano. El primero corresponde al numeral 5.4 del Anexo 1 del contrato, al indicar que la empresa no suministró el flujo de gas suficiente para atender los requerimientos máximos diarios entre el 1 y el 13 de marzo de 2026. El segundo se refiere al numeral 5.8 del mismo anexo, relacionado con el incumplimiento del requisito de mantener una disponibilidad superior al 99 % anual del sistema de transporte.
Asimismo, la asociación recuerda que la Contraloría General de la República, a través del Informe N.° 011-2026-MINEM/OCI-OO, señaló que Osinergmin aún no se ha pronunciado sobre un aspecto adicional del contrato de concesión, referido al cumplimiento de la cláusula 3.1 relacionada con la obligación de mantener una capacidad mínima del sistema de transporte de gas natural.
Para la ACG, la situación resulta preocupante debido a que el sistema de transporte de Camisea constituye una infraestructura estratégica para el abastecimiento energético del país. En ese sentido, sostiene que la operación y el mantenimiento del ducto deberían garantizar la disponibilidad mínima del 99 % anual establecida contractualmente, condición que considera indispensable para asegurar la continuidad del suministro y reducir los riesgos para la economía peruana.
La organización también cuestiona que, luego de cuatro meses del incidente, no se hayan adoptado medidas orientadas a remediar los riesgos identificados ni los daños derivados de los presuntos incumplimientos señalados en los informes técnicos.
Finalmente, la Asociación de Consumidores del Gas en el Perú exhorta al próximo gobierno a exigir a Transportadora de Gas del Perú la ejecución de las inversiones necesarias para cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato de concesión. Entre ellas, destaca la necesidad de contar con suficiente capacidad de respaldo, redundancia y procedimientos efectivos de mantenimiento que permitan alcanzar la disponibilidad especificada para el sistema de transporte de gas natural.
Sobre la construcción de ductos de redundancia: TGP ha cumplido de manera rigurosa lo establecido en el contrato de concesión. Este contrato no requiere la construcción de un gasoducto paralelo, sino que establece parámetros de diseño, operación y mantenimiento destinados a asegurar los altos niveles de disponibilidad del sistema. Además, todas las inversiones realizadas durante el plazo de la concesión atienden específicamente a las obligaciones derivadas del contrato, las cuales son validadas por el concedente.
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