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Según el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, el inicio de las actividades económicas en el Perú consta de cuatro fases, siendo la primera la que abarca a los sectores de minería, industria, construcción, servicios, consumo y comercio. En este marco, IPAE Asociación Empresarial desarrolló una edición de # con el tema “Reanudando la minería, la infraestructura y la pesca” en donde participaron como expositores Cayetana Aljovín, Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (); , Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; y , Presidenta de Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional ().

Los especialistas coincidieron en que, sin importar el gremio en el cual se desarrollan, las operaciones deben enfocarse en salvaguardar la integridad de los colaboradores mientras que se reactivan las actividades en cada sector. El eje central es y debe ser siempre el bienestar y la salud del trabajador, su familia y las comunidades aledañas a la operación. Destacaron que la salud de los trabajadores es la salud de las operaciones.

La sesión estuvo compuesta por tres bloques: los desafíos y cuellos de botella para los sectores minería, infraestructura y pesca, los protocolos que se han adoptado en cada sector y las lecciones para otros rubros económicos. Con respecto al primer bloque, detalló que la principal adversidad que se les presentó como gremio fue cómo modificar las conductas de los trabajadores para evitar contagios. En este sentido, comentó que la comunicación interna fue clave en este proceso para dar a conocer las pautas de higiene y poder monitorearlas de manera permanente. Sobre las acciones en sí, dijo que las empresas privadas se valieron de mensajes de texto (SMS), redes sociales, redes internas de trabajo y circuito cerrado de televisión (CCTV) para poder enviar la información y concientizar a los colaboradores sobre pautas de higiene y así evitar contagios.

 Por su parte, Cayetana Aljovín indicó que de manera previa el sector pesquero se encontraba en etapa de mantenimiento de flota y planta. Para su desarrollo tomando en consideración el distanciamiento, la diseñó un protocolo frente al COVID-19, basándose en la experiencia internacional, el cual fue aprobado y sirvió de base para el protocolo de operaciones. Asimismo, detalló que desde su institución se auditó a todas las empresas que conforman el gremio, indicando que el 100% de las mismas cumplieron con lo que se establecía.

A su turno, mencionó que el principal reto del sector minero fue reanudar las operaciones salvaguardando no solo la seguridad y bienestar de los trabajadores sino también de las comunidades que colindan con la operación. Detalló que, a marzo de este año, el valor de las exportaciones mineras se contrajo en 37% y que se avizora que en abril la contracción será mayor. Asimismo, señaló que el programa de reactivación va a permitir poner en marcha 39 operaciones de empresas mineras.

Con respecto al bloque de los protocolos que se han adoptado en cada sector, recalcó que es importante el relacionamiento, la comunicación y la protección del empleador. Indicó que se deben posicionar los mensajes del distanciamiento social para salvaguardar la salud. Además, en la comunicación se debe recalcar la limpieza de manos y el uso de mascarillas a fin de evitar contagios. En este escenario, resaltó que se debe ser claro y firme con las normas y que, en caso un colaborador no cumpla, se debe sancionar debido a que se pone en juego la salud del resto de personas.

Cayetana Aljovín mencionó que se debe ser riguroso en el cumplimiento de protocolos de autorregulación. Especificó que la comunicación en este escenario ya no abarca solo al colaborador sino también a sus familias y a la sociedad. Indicó que este protocolo debe irse alimentando conforme se vayan descubriendo nueva información del virus. “En este escenario, las familias, las comunidades y los gobiernos locales deben ser aliados en el cumplimiento de protocolos”, preciso.

Sobre el sector minero, detalló que el protocolo se elaboró desde la declaratoria de emergencia sanitaria. “Este se trata de un documento vivo que se ha ido perfeccionando a medida que se ha ido recogiendo evidencia sobre el desarrollo del virus. Este protocolo cubre todos los aspectos de la operación y, aunque la norma no lo requiere, el 90% de las empresas mineras está administrando pruebas de descarte rápido de COVID-19, las cuales se aplican antes que los trabajadores mineros se trasladen a las operaciones”, dijo.

De igual modo, De la Flor mencionó que ha sido difícil conseguir estas pruebas; comentó que el 26 de marzo el gremio minero adquirió medio millón de estas y que recién hoy se ha recibido el primer cargamento de 250 mil, el cual será donado al Ministerio de Salud.

En el último bloque sobre lecciones para otros sectores económicos, Leonie Roca recomendó que la supervisión y la regulación deben acotarse, evitando la tramitología y burocracia. Además, indicó que “las normas deben ser más claras y se debe brindar una interfaz más amigable a fin de que los próximos gremios no presenten mayor inconveniente cuando presenten la documentación respectiva para poder operar”, comentó. En esa línea, esta recomendación también fue apoyada por Cayetana Aljovín, quien mencionó que actualmente el gremio pesquero está operando con el 60% de la flora, por una disposición que debe revisarse.

Finalmente, Pablo de la Flor detalló que desde el sector minero se tiene dos objetivos: el proteger la vida y los medios de vida, es decir, que también se vele por cuidar la cadena de valor de la que es parte. En este escenario, recomendó a las demás industrias adelantarse y establecer protocolos más ambiciosos y exigentes, que los establecidos por las autoridades, para reducir las posibilidades de contagio y que este sea extensivo también para proveedores. Además, indicó que “es importante involucrar a los trabajadores en el diseño de los lineamientos, pues el gran desafío es cómo lograr cambios en comportamientos enraizados en la forma como los trabajadores viven y socializan, lo cual requiere un esfuerzo deliberado y sostenido”, sugirió. Por otro lado, también dijo que las empresas deben ser transparentes con su comunicación interna y externa a fin de evitar incertidumbre.

Como conclusión, Álvaro Monge, Gerente General de Macroconsult, quien estuvo a cargo de la conducción de este , destacó que esta coyuntura es sumamente complicada y se ha evidenciado que es clave la participación del sector privado. Las organizaciones pueden sumar con su conocimiento y aportar en la optimización de los procesos que se requieren para reactivar la economía.

Asimismo, comentó que la comunicación debe ser transversal, ya que el vínculo que mantienen las empresas no solo es con sus trabajadores, sino también con las familias de los mismos y con las comunidades – en el caso minero-. Por ello, es importante que las empresas comuniquen tomando en consideración a todos estos actores.

Finalmente, dijo que el Estado, tanto desde el Gobierno Central y los Gobiernos locales, son los encargados de administrar todo el proceso de reanudación de los sectores minería, infraestructura y pesca, pero es esencial que esta reanudación sea integral.