Iniciativa legal para implementar el canon turístico
La campaña electoral congresal entra a su recta final. En once días, los cusqueños elegirán a sus cinco congresistas. Hay 90 candidatos y estas son algunas de sus propuestas.
Canon turístico y minería
Hay planteamientos orientados a proveer de más recursos económicos a la región. El postulante de Acción Popular, Luis Ángel Aragón, lleva una iniciativa legal para implementar el canon turístico. Sería un equivalente al canon minero, que representa el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras al Estado.
Según Aragón, los complejos arqueológicos incas y preíncas tienen la categoría de no renovables y por eso es viable aplicar el pago del canon. No se sabe con precisión cuánto mueve el turismo. Hay cálculos de 360 millones de soles anuales solo por el ingreso a Machupicchu. Si sumamos los recursos que generan las decenas de complejos arqueológicos de la región imperial, podría superar los mil millones de soles. El canon turístico se financiaría con los impuestos que pagan las empresas prestadoras de servicios turísticos.
El postulante de Unión Por el Perú, Adriel Gamarra, propone impulsar una ley para eliminar la devolución de tributos –como el Impuesto General a las Ventas (IGV)- a las empresas exportadoras. Gamarra cuestiona que la Sunat devuelva dinero a las firmas privadas en montos superiores a los recaudados cada año. Solo entre 2016 y 2018, según Grupo de Justicia Fiscal Perú, el sector minero recibió devoluciones por S/ 15 mil 804 millones.
El postulante de Vamos Perú, Jorge Valcárcel Salas, coincide en una nueva Ley de Minería que elimine exoneraciones tributarias y devolución del IGV. Añade que se debe exigir la licencia social y protección de ríos y lagunas antes de aprobar las iniciativas extractivas.
Al respecto, el aspirante de Democracia Directa, Werner Salcedo, dice que las nuevas reglas en la minería deben incluir a las comunidades campesinas como socios de los proyectos. Eso evitaría los conflictos sociales en torno a la gran minería.
Contratos ley
En las campañas electorales es normal plantear la revisión del contrato de explotación del gas de Camisea, así como de las empresas Fetransa y su operadora PeruRail, que operan en el ferrocarril hacia Machupicchu. Esta vez el planteamiento lo hace el postulante de Alianza Para el Progreso (APP), Alex Hidalgo, quien es natural de La Convención.
“Vamos a pedir la revisión del contrato de gas de Camisea, de los contratos turísticos con empresas monopolizadoras como PeruRail. También figura revisar y mejorar los contratos del corredor minero de nuestro Cusco, buscando la responsabilidad social sin oponernos a la inversión”, señala Hidalgo.
El abogado y analista Luis Gallegos consideró que hay desconocimiento de parte de los candidatos sobre los procedimientos para conseguir la aprobación de leyes. “Los candidatos repiten propuestas de campañas anteriores: canon turístico, revisar contratos ley, y nunca se concretaron. Eso demuestra una falta de conocimiento”, apuntó.
Un contrato ley solo puede ser modificado mediante adendas, siempre que haya acuerdo de las dos partes. Otra posibilidad sería modificar el artículo 62 de la Constitución de 1993 que dice: “mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente”.
Univ. cerradas y corrupción
La postulante de Juntos por el Perú (JP), Rosmery Roca, tiene listo un proyecto para obligar al Estado a que garantice la continuación de los estudios de los más de 165 mil jóvenes afectados por la denegatoria del licenciamiento institucional a universidades privadas. Roca señala que las universidades estatales licenciadas deben cobijar a los alumnos y para eso el gobierno debe aprobar presupuesto. “Es insuficiente el dinero que aprobó hace unos días con un decreto de urgencia”, dice.
Para la candidata de Unión Por el Perú, Cricia Ochoa, es necesario perfilar la legislación vigente sobre la “muerte civil”. Además, plantea la creación de una Comisión de la Verdad de la Corrupción “para saber quiénes, dónde y cuándo nos robaron las oportunidades de ser un mejor país”.
En tanto, el aspirante del Apra, Darwin Urquizo, plantea la necesidad de aprobar reformas políticas electorales. Una de ellas, la prohibición de la postulación de aquellas personas con sentencia en primera instancia. “No deberían ser candidatos a ningún cargo de elección popular”, plantea.
Gallegos también cuestionó que haya propuestas para hacer realidad algunas obras cuando “los congresistas no tienen facultades para hacer eso”. Agregó que en los 15 meses deberían buscar cambios a la Constitución Política en materia económica y descentralización.