ProActivo | Enrique Pajuelo, vocero oficial de Capeco, presenta un diagnóstico de la situación actual y los retos del sector construcción en nuestro país.
Las ciudades peruanas tienen que avanzar hacia un modelo de desarrollo y cohesión social. La gestión de la obra pública, tan venida a menos por la corrupción, tiene el desafío de ir hacia un camino de integridad, calidad y eficiencia. En tanto que la informalidad, extendida en el país, debe convertirse en legalidad. Así lo indicó Enrique Pajuelo, vocero oficial de Capeco.
Sismos y viviendas en áreas de riesgo
Pajuelo señaló que la construcción informal de viviendas genera una gran vulnerabilidad frente a fenómenos naturales ya que un posible sismo en Lima de 8 grados en la escala de Richter, se calcula que podría dejar 51 mil muertos, 690 mil heridos y 550 mil viviendas destruidas o inhabitables.
Además, agregó que “la construcción informal de viviendas encarece el acceso a los servicios públicos para las familias de bajos ingresos”.
Con respecto a los nuevos desafíos en formalización, Pajuelo indicó que cada vez es más difícil titular porque muchas de las zonas que se ocupan son áreas de riesgo que interfieren con vías o terrenos de propiedad privada. Precisó que desde que se inició el proceso de titulación en los años 90, se ha producido otro proceso de “reinformalización” por transferencias no registradas a terceros o subdivisión entre miembros de la misma familia.
“El acceso al crédito no se ha plasmado porque en el 80% de las propiedades formalizadas se ha construido sin licencia o sin independización de aires, por lo que no sirven como garantía. Las municipalidades dificultan el otorgamiento de licencias de edificación (encareciéndolo o demorándolo), reduciendo incluso la posibilidad de acceder a los programas de subsidio como Techo Propio o Sitio Propio”, precisó.
Explicó que los registros públicos no están preparados para registrar viviendas de familias de bajos ingresos. “Titular sin promover la oferta de vivienda formal se convierte en un incentivo para la invasión, el tráfico de tierras y el crecimiento de la construcción informal”, afirmó Pajuelo en declaraciones recogidas por ProActivo en el Webinar Construcciones seguras, organizado por CAPECO y Cemento Sol.
El vocero oficial de Capeco señaló que no se puede continuar con un modelo en el que solo se amplían periódicamente los plazos para regularizar la informalidad. “Así se hacen rentables las invasiones y construcciones informales. Se promueve la corrupción, violencia y extorsión. Se crean redes de corrupción, fraude y lavado de activos. Surgen ‘zonas liberadas’ con su “propia legalidad” y se encarece el acceso a los servicios públicos o a la vivienda formal”, expresó.
“Se debe continuar con la titulación, pero a su vez dar incentivos para la formalidad más que reprimir la informalidad. Se debe enfrentar de manera integral y coordinada todos los obstáculos que impiden el acceso a la construcción formal. Estos esfuerzos permitirían reducir la segregación socio-espacial; promover buenos hábitos en los usuarios y difundir beneficios de la formalidad”, agregó Pajuelo.
Empresa pública
Asimismo, Pajuelo recomendó analizar la viabilidad de un nuevo enfoque con respecto a la gestión de la construcción por parte del sector público. En ese sentido, propuso la creación de una empresa pública de suelo, dependiente del ministerio de Vivienda, que incorpore tierras estatales al mercado de suelo.
“Además, proponemos la actualización de planes urbanos y catastros en las 40 ciudades más importantes con financiamiento del Ministerio de Vivienda. Se debe modificar el modelo de inversión en infraestructura de servicios públicos, en especial agua y saneamiento. También es importante el fortalecimiento de programas sociales, en particular Techo Propio, a los cuales se debería otorgar mayores recursos presupuestales para llegar a 75 mil unidades por año”, señaló.
En relación a las metas para la producción formal de viviendas al 2026, Pajuelo estimó que se debe mejorar integralmente mil barrios marginales en todo el quinquenio, lo que incluye la dotación de servicios básicos, equipamiento urbano, mitigación de riesgos, integración a la ciudad y mejora de condiciones de vida de más de 1 millón 200 mil personas.
“Hay que incrementar la ejecución de obra pública del 62% al 90% de presupuestos, mejorando modelos de contratación y gestión de infraestructuras y edificaciones. Asimismo, producir 150 mil viviendas en áreas urbanas al 2026, de las cuales 100 mil corresponderían a la adquisición de viviendas y 50 mil a la construcción en sitio propio, el 86.7% se encontraría dentro del rango de vivienda social”, concluyó.