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Desde el 2016 a la fecha, Minera Las Bambas afronta más de 480 días de detención forzada de su producción debido a los constantes conflictos con las comunidades que se encuentra próximas al yacimiento de cobre más grande del Perú.

En opinión de Carlos Castro, gerente de Asuntos Corporativos y Desarrollo de Negocios de Minera Las Bambas, este escenario de tensiones ha empeorado con la presencia de actores cuyas pretensiones son velar por sus propios intereses.

“Se ha generado un negocio alrededor del conflicto, hay comerciantes del conflicto. [Son] personas que se dedican a generar, posiblemente, expectativas exageradas a ciertas comunidades haciéndoles creer que tienen intereses legítimos”, lamentó durante su presentación en el Simposium del Oro, Plata y Cobre, de la SNMPE.

Invocó, además, a un mayor liderazgo por parte del Estado para promover el diálogo entre la empresa minera y las comunidades, aparejado de la activación del principio de autoridad para sancionar a aquellas personas que únicamente buscan lucrar con la necesidad de la gente y obtener beneficios paras sí mismos.

Decisiones sin proyección

Por su parte, Beatriz Alva Hart, exviceministra de Trabajo, enfatizó que el Gobierno central está tomando decisiones sin medir el impacto que estas tendrán sobre la población, tales como el decreto supremo que elimina la tercerización, el cual afectará la generación de empleos y contratos con proveedores locales.

“Los que trabajamos en gestión social en compañías extractivas estamos bastante preocupados por la situación. Nos falta decisión política en lo que pasa en el país frente a los conflictos”, acusó la también excongresista de la República.

Sistema de gestión de conflictos

En tanto, Paola Bustamante, consultora independiente en gestión de organizaciones, negociación y políticas públicas, propuso al Estado la creación de un sistema de gestión de conflictos, a fin de evitar que se traslade al sector privado, pues, de lo contrario, será más compleja su resolución.

“Toca ver de qué manera se pueden generar voluntades y buscar aliados en el territorio que ayuden a esa recuperación de confianza que permita retomar el diálogo. Evidentemente, no se va avanzar si es que efectivamente existen estos delincuentes que se están lucrando en el conflicto”, aseveró.

Estructura de gobernanza

Finalmente, Iván Lanegra, secretario general de Asociación Civil Transparencia, consideró apremiante corregir la estructura de gobernanza, a fin de incorporar en las mesas de diálogo a todos los actores involucrados en el conflicto, como, por ejemplo, gobernadores, alcaldes, líderes locales y representantes del Gobierno.

“Uno de los principales riesgos que presentamos en estos momentos es el debilitamiento de la capacidad estatal para atender esta situación. Si esto se deteriora, se va agregar ineficacia e inclusive problemas de integridad y corrupción”, aseguró.

Fuente: IIMP