ProActivo | Un análisis en 360 grados brindaron destacados especialistas sobre lo ocurrido en Espinar. Avances y retrocesos, variables socioeconómicas y políticas, así como las comunicacionales. Alejandro Indacochea, Rosa Elvira Figueroa y María Luz Díaz abordaron la temática durante la Mesa Redonda: Examinando el Caso Espinar, organizado por ProActivo.
Luego de las ponencias de Teresa Charca, Superintendente de Comunicación y Asuntos Externos de Antapaccay y de Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, los panelistas en ágil dinámica observaron diversos aspectos del caso.
Prepararse para lo peor
El Covid-19 ha generado una incertidumbre sobre el futuro del Perú, al no saberse su duración y otros factores, afirmó el economista Alejandro Indacochea.
“Ojalá la vacuna esté disponible a partir de marzo del próximo año, para poder superar la crisis histórica más grave que ha tenido el país, que nos ha llevado a un 30.2% de caída en crecimiento económico. Solo en Lima, 2 millones han perdido su empleo y 50% está sin empleo”, informó.
Indacochea dijo que no se sabe hasta dónde pueden llegar las secuelas del Covid-19 en perjuicio del país, y que lo peor que nos podría suceder es nos quedemos sin recursos ante el alto costo económico que demanda la atención de la pandemia.
“Tenemos que prepararnos para lo peor, y algunos analistas hemos insistido en la necesidad de que el gobierno tiene que fijar una jerarquía prioritaria en el gasto público, lo cual no existe en estos momentos”, observó.
Puso como ejemplo la licitación de la construcción de un parque alusivo al bicentenario entre Miraflores y Barranco, con una inversión de 22 millones de soles, “cuando a unas cuantas cuadras está el Hospital San Antonio con carpas en la calle, por lo que evidentemente levantar esa obra no tiene sentido ante la actual situación”.
Cambio de giro de los negocios
Sostuvo que entre las alternativas de desarrollo laboral post Covid, es necesario replantear el giro de algunos negocios, que ya han dejado de ser víables o aún no pueden reanudarse.
“Hay actividades que ya no son negocios, por lo que hay que repensar en actividades nuevas, deberíamos hacer eso en el país para poder dar empleo de apoyo social de emergencia”, anotó.
Refirió que corresponde atender primero la salud, la vacuna para todos y poner 10 mil millones de dólares mínimo para apoyo social de emergencia, y generar actividades que impliquen ingresos y empleo post Covid.
Hay que cambiar distribución de canon y regalías
Afirmó que el sector minero sigue siendo una fortaleza para la reactivación económica, porque hoy en plena crisis de la pandemia ha mejorado el precio del cobre -del que somos segundo productor mundial- y el del oro; y cuya demanda ha mejorado.
“Tenemos 54 mil millones de dólares en proyectos mineros, y este año ya hay 3 proyectos listos: Quellaveco, Ampliación de Toromocho y Mina Justa”, agregó.
Reiteró que el Perú ha sido y seguirá siendo un país minero, pero que tal vez ha llegado el momento de cambiar el esquema distributivo de sus aportes. “Este esquema ya no sería una participación entregando canon y regalías, sino dando una participación accionaria a la población del entorno a través de representantes en el directorio de las empresas”, consideró.
Puso como ejemplo el caso de la construcción del Oleoducto de Alaska, “cuando le dijeron a los campesinos que vendan la tierra, estos dijeron “no” porque la tierra es de Dios”.
“Entonces le ofrecieron un porcentaje (de los ingresos por el uso del oleoducto), aceptaron y nombraron sus directores independientes que hacían la gestión correspondiente”, detalló.
Nuevo proceso de regionalización
Opinó que la regionalización ha sido un fracaso, al punto que de los 27 gobernadores regionales designados, 7 están presos por malos manejos de los fondos públicos. “En lo único que ha sido eficiente este proceso, es para descentralizar la corrupción. No ha funcionado, vemos un proceso de reconstrucción en el Norte, que tras 4 años, ha avanzado muy poco”, argumentó.
Acotó que en consecuencia, urge hacer un nuevo mapa de regionalización, “sin caciques que en muchos casos trafican con la pobreza, es su negocio”.
Diálogo y flexibilidad
La escucha en este contexto se convierte aún más importante, consideró la comunicadora Rosa Elvira Figueroa, quien manifestó que la comunicación del Estado con la población tiene que ser eficiente, como en el caso de la minería sacudida por conflictos.
“Hay que ser híper transparentes en esta época de conectividad, donde la gente te pide información con cifras y obras, y hay que comunicarlas con oportunidad para generar empatía”, anotó.
Asimismo, dijo que los planes de desarrollo sostenible relacionados a la minería son estupendos y para el futuro, y que no tiene nada que ver con la vida útil de la mina. “Los tiempos están cambiando de manera abrupta ante el coronavirus. Hasta hace unos días hemos tenido a casi la mitad del planeta confinado, y ahora nuestros planes a largo plazo tienen que cambiar prontamente”, estimó.
Recordó su trabajo en BHP en Espinar, y que cuya empresa siempre fue dialogante y firmó el Convenio Marco con las comunidades del entorno, y con una gran colaboración de la ONG Oxfam, que vigilaban y eran como contrapeso “como garantes de que las cosas se estaban haciendo bien”.
Falta una comunicación de alto nivel desde el Estado
La comunicadora María Luz Díaz, señaló que desde tiempo atrás en el Estado hay una ausencia de comunicación elevada y una falta de gestión visibilizada de desarrollo, con relación a la actividad minera en Espinar, para atenuar las expectativas de protestas de la población.
“Es un trabajo arduo que tiene que hacerlo el Estado en articulación con la empresa privada. Pero la ausencia del Estado es un caldo de cultivo que continuamente está estallando, y ahora ha ocurrido en plena pandemia”, lamentó.
Precisó que este vacío se produce por la inacción de las autoridades regionales y locales, pese a que cuentan con el presupuesto necesario gracias al canon y las regalías que reciben por la minería.
“Espinar tiene presupuesto para desarrollarse mejor, pero esto no es posible por la deficiente gestión en la ejecución del presupuesto. Esto demuestra una falta de capacidad en la asignación de los recursos para las obras de desarrollo realmente necesarias”, acotó.
Presencia negativa de ONG
Señaló que en Espinar hay una fuerte presencia de las ONG, que proclaman que van a poner orden interno, criminalizando el control de las protestas, “y eso es un mensaje clave que lo posicionan desde sus plataformas de comunicación”, y en desmedro del trabajo de la policía.
“No se trata de decir no estoy de acuerdo con la minera y voy a tomar las vías y quemar los vehículos, y con lo cual se pone en riesgo la vida de los demás. El Estado es el que tiene que garantizar el orden y la paz, lo cual es una preocupación constante entre la población de esa zona”, apuntó.
Subrayó que la ausencia de mensajes del Estado en este terreno, deja un vacío enorme, el cual es asumido por las ONG contrarias a la minería y que incitan a la violencia, estigmatizan a las fuerzas del orden y generan odio contra el sector minero.
“En realidad las ONG no son anti mineras, porque viven de la minería, pues si la mina cierra, ¿de qué van a vivir? La minería es su fuente de trabajo y también para hacer política e ideología”, fundamentó.
Puntualizó que si el Gobierno no comunica lo que hace, de su articulación con la empresa privada, “otros lo harán mal para confundir a la población y hacer de esta situación su trampolín hacia la política, y ahí se originan estos conflictos permanentes.
Deploró que en Espinar un representante de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras, que funge de periodista, mal informa de lo que sucede en Espinar con un tinte muy sesgado, “un dirigente político camaleónico que integra el frente único de defensa de los intereses de Espinar”.
“Y esto va a continuar ante el advenimiento de las elecciones generales, por lo que hay que repensar en una nueva estrategia que una al Estado con la empresa privada para hacer frente a esa situación, y en la cual la empresa no puede quedar sola otra vez”, demandó.