Tuvieron que pasar casi seis años para que la primera investigación por la adjudicación irregular del proyecto Gasoducto Sur Peruano a la empresa Odebrecht llegue a juicio. El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo consideró que existen pruebas que demuestran que la firma brasileña fue beneficiada con el proyecto gasífero que demandaría 7 mil millones de dólares de inversión estatal.

Este caso está a cargo del fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, un proceso diferente al que sigue el equipo especial Lava Jato. Pero ambas indagaciones comprenden el periodo de gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), gestión que dio luz verde a la megaobra hoy paralizada por el escándalo de corrupción.

Abia solo acusa a dos personas: el exmiembro del comité de energía de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, y a la exrepresentante legal de Odebrecht, Claudia Hokama. A ambos les imputa el delito de colusión agravada.

Ramírez y Hokama, según Abia, acordaron favorecer a la constructora. Ese beneficio, dice la acusación, se concretó en junio de 2014 con la descalificación del consorcio que competía con Odebrecht, a pesar de que su propuesta representaba US$136 millones menos de desembolso para el Estado. Una de las evidencias presentadas es que los dos acusados ya se conocían antes de, cada uno, tomar sus respectivos puestos. Ese vínculo, según el Ministerio Público, sustenta la facilidad que tuvieron para coordinar en perjuicio del Estado. Aunque la defensa ha rechazado que por esa relación previa ello signifique una concertación.

“Esta acusación se caerá en el juicio, estamos convencidos de ello”, manifestó Jorge Paredes, abogado de Ramírez. En su opinión, la Fiscalía no ha podido probar la colusión agravada “porque no existe perjuicio para el Estado”.

 

“El postor ganaba la obra y asumía todo el gasto, debía  conseguir el financiamiento por su cuenta y luego cobrar a través de las tarifas del servicio de gas que se sumaban en los recibos de luz, pero el dinero es del usuario, no del Estado. El que paga es el usuario”, justificó Paredes en diálogo con Perú21.

El fiscal Abia ha pedido 7 años de cárcel para Ramírez, y alternativamente 4 años de cárcel con inhabilitación para ocupar cualquier cargo público por el plazo de 7 años y 200 días multa.

En tanto, para Hokama se ha requerido 6 años y seis meses de prisión. Este diario buscó hablar con su abogado  José Marcelo Allemant para conocer sus reacciones, pero no contestó las llamadas y mensajes. El juez Chuyo ya envió al Juzgado Unipersonal de Lima la acusación para que disponga el inicio del juicio oral.

El complemento de esta investigación está en manos de la fiscal Geovana Mori, miembro del equipo especial Lava Jato.Para ella, la exprimera dama Nadine Heredia fue “funcionaria de facto” por supuestamente haber dirigido la licitación en favor de Odebrecht desde el gobierno de su esposo. Según su indagación, existen evidencias sobre la intervención de Heredia en las coordinaciones directas de la concesión.

TENGA EN CUENTA

  • La fiscal Geovana Mori estima una pena de cárcel de entre 18 y 30 años para la exprimera dama, Nadine Heredia y los exministros, Luis Miguel Castilla y Eleodoro Mayorga.
  • Sindica a Heredia y a Humala de haber encabezado una organización criminal durante su gobierno para favorecer a Odebrecht con la megaobra.
  • “El dinero (para la obra) es del usuario, no del Estado. El que paga es el usuario”, sostuvo Jorge Paredes, abogado de imputado.

Fuente: Perú 21