inversiones mineras

En el estudio “La institucionalidad y la regulación minera en los países andinos: Bolivia, (Estado Plurinacional de) Chile, Colombia, Ecuador y Perú”, la CEPAL expuso una lista de elementos para mejorar los marcos normativos e institucionales mineros de los países mencionados. Así, propuso crear agencias de gobierno que asesoren en la elaboración, implementación y evaluación de políticas, que produzcan y divulguen información estratégica y que asesoren y apoyen al ministerio sectorial en la formulación y evaluación de políticas públicas.

Sobre este primer enunciado, ejemplificó los casos de Cochilco en Chile y la UPME en Colombia, ambos organismos técnicos que contribuyen con el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas para el desarrollo sostenible de su industria minera.

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También, consideró oportuno implementar leyes y principios de gobierno corporativo en la gestión de las empresas estatales mineras, que prescinda de los ministros de Estado en los directorios de las mismas y otorgue mayor autonomía e independencia en su gestión.

Al respecto, ejemplificó a Codelco en Chile, la empresa autónoma y principal productora de cobre, que se caracteriza por su gestión moderna, profesional, transparente y auditable, gracias a la aplicación de normas exigentes y la constante revisión de su gobierno corporativo.

Igualmente, recomendó asignar la responsabilidad de la consulta previa en una entidad de gobierno distinta del ministerio sectorial minero, como es el caso de la DANCP en Colombia, o de la rectoría, coordinación y asesoría del Viceministerio de Interculturalidad en Perú.

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Adicionalmente, señaló que es necesaria una clara división de competencias con entidades autónomas e independientes, que se ocupen de la rectoría y políticas públicas, licenciamiento, y control y fiscalización en materia ambiental, tal como sucede en Chile y Perú.

Gobiernos con distinta visión minera

Según CEPAL, en los cinco países se cuenta mayormente con agendas políticas que persiguen una redistribución de la riqueza más justa, un rol protagónico del Estado en la economía y una atención social prioritaria; sin embargo, cada gobierno presenta relatos distintos.

En un grupo están los gobiernos de Chile y Colombia, que presentan una propuesta de cambio con mayor sostenibilidad ambiental, la cual se enfrenta a la disyuntiva de la dependencia económica de la explotación de sus recursos naturales no renovables.

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En otro grupo están los gobiernos de Perú y Bolivia, en los que el impulso de la minería se observa como indefectible y se justifica por la necesidad de renta para inversiones en materia social y de infraestructura, en medio de conflictos en territorios mineros.

Un caso distinto es el gobierno de Ecuador, que encuentra en el despegue de la gran minería un vector de impulso a la economía, sin que esto signifique que pueda obviar la oposición de actores sociales y políticos y las salvaguardas ambientales necesarias en su geografía.

Fuente: IIMP