La asamblea constituyente de Chile, encargada de redactar la nueva Constitución del país, aprobó el sábado una propuesta inicial que abre la puerta a la nacionalización de algunas de las mayores minas de cobre y litio del mundo. La moción de la comisión de medio ambiente recibió 13 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
La propuesta, dirigida principalmente a la minería a gran escala de cobre, litio y oro, aún debe ser aprobada por dos tercios del pleno para formar parte de la nueva carta magna de Chile, que se someterá a un referéndum nacional a finales de este año.
La moción, considerada por los analistas como un ataque directo a los intereses privados dado que el Estado chileno ya es propietario de los derechos mineros subyacentes, da al gobierno un año para nacionalizar las empresas.
Estas firmas, que trabajan con minerales metálicos y no metálicos, así como con hidrocarburos, probablemente no recibirían indemnización por perder sus derechos mineros. El contralor lo determinaría en base al valor contable de las empresas, pagado en un máximo de 30 años, señala la propuesta.
El texto también establece que las operaciones y los proyectos iniciados antes de 1993 tendrían que someterse a una evaluación ambiental en un plazo de tres años. Las concesiones en zonas excluidas, como las cercanas a los glaciares y en tierras indígenas, serían revocadas.
La Comisión de Medio Ambiente, formada por jóvenes activistas, votó un primer borrador de esta moción a principios de febrero, lo que provocó una reacción inmediata, incluso por parte de las propias autoridades chilenas.
Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, que representa a las empresas del sector, calificó la idea de “barbaridad” y “con claros y evidentes errores legales”.
El veterano minero de centro-izquierda ha dicho que la medida apunta tanto a las empresas como a los recursos, lo que tendría un gran impacto económico y legal en Chile.
“Dada la globalización del mundo, es de esperar que las empresas afectadas recurran a los tratados para defender sus legítimos intereses”, ha dicho Hernández.
El político socialista Sergio Bitar, que fue ministro de Minas bajo el gobierno depuesto del izquierdista Salvador Allende en 1973, se ha referido a la iniciativa como “un delirante retorno al pasado”.
Chile aprobó una ley en 1967 que exigía que las empresas fueran propiedad de nacionales en al menos un 51%. Cuatro años más tarde, el Estado compró el 49% restante de las acciones y las empresas fueron completamente nacionalizadas.
“Recuerdo todos los problemas que tuvimos al tratar de vender el cobre fuera del círculo empresarial, recuerdo cuando el Congreso votó no pagar ninguna indemnización a las empresas por los activos y el lucro cesante, que es lo que estoy escuchando [ahora]”, dijo Bitar en una entrevista con MercoPress.
“Una cosa son los sueños, las ilusiones”, dijo el veterano político. “La otra es la realidad, que muestra lo dependiente que es Chile de las potencias mundiales (…) Por ejemplo China ahora compra un tercio del cobre chileno, entonces ¿cuál será nuestra estrategia con las mineras nacionalizadas? ¿Bajar las exportaciones?”, señaló.
Más canon
Chile, el mayor productor mundial de cobre y sede de las dos mayores mineras de litio, está reescribiendo su Constitución para reemplazar una centrada en el mercado que data de la dictadura militar del general Augusto Pinochet.
La nación produjo 5,6 millones de toneladas de cobre en 2021, alrededor del 25% del total generado en el mundo, y tiene una cartera de casi 70.000 millones de dólares en posibles proyectos mineros para esta década, gran parte de los cuales nunca se materializarían si el país nacionalizara sus recursos.
Los políticos de la primera nación productora de cobre del mundo también están afinando un nuevo proyecto de ley sobre el canon minero, que elevará las tarifas de las empresas en función de las ventas brutas y la rentabilidad.
“Estimamos que, si se aprueban los nuevos impuestos, las empresas mineras de cobre chilenas podrían ver aumentar sus tasas impositivas hasta un 80% y los márgenes de beneficio caer en más de un 50% a los precios actuales del cobre”, dijo FTI en su último informe.
Los analistas creen que, aunque la probabilidad de una nacionalización total como la que se propone es pequeña, un nuevo régimen radical de royalties tiene muchas más posibilidades. Podría “empujar el sistema fiscal chileno hacia el territorio de la pseudo-expropiación, especialmente con los precios que probablemente se mantengan por encima de los 4 dólares por libra, que es donde entra en juego la tasa del 75%”.
Llegan a la conclusión de que Chile podría convertirse en la nación con la mayor carga fiscal sobre la minería del cobre, obligando a las empresas a revisar la viabilidad de sus inversiones actuales y futuras.