Mina chilena Sierra Gorda

Consejo Minero pidió tener en cuenta eventuales efectos en la competitividad de las empresas en el marco de la definición de los impuestos correctivos.

Luego que se aprobara en la comisión de Minería y Energía del Senado el proyecto de royalty minero, iniciativa que ahora debe pasar por la instancia de Hacienda durante el mes de marzo, una nueva alerta surgió para la industria minera, esta vez asociada a la tramitación de los “impuestos verdes” que está elaborando el Ministerio de Hacienda.

En el marco de la participación del Consejo Minero en las audiencias públicas que se están realizando respecto al tema, se deslizaron algunas de las preocupaciones del sector, advirtiendo, por ejemplo, que proyectar una recaudación de 0,4% del PIB para los “impuestos correctivos”, como está impulsando el Gobierno antes de concluir estas audiencias públicas, “pareciera que predispone a un objetivo más recaudatorio que medioambiental”.

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Asimismo, el gerente general de la entidad, Carlos Urenda, detalló que existe un presupuesto oficial de GEI 2020-2030 para la minería y medidas de mitigación para cumplirlo, así como también normas de calidad ambiental para los contaminantes locales que aplican a las faenas mineras e instrumentos para hacerlas cumplir.

En ese escenario, Urenda comentó que “la aplicación de impuestos a las emisiones de la minería debe ser cuidadosamente analizada, para evitar una duplicación regulatoria que solo incrementa la carga tributaria al sector, con el consiguiente daño en la competitividad”.

Respecto al instrumento que existe actualmente, el impacto más significativo para la minería ha sido indirecto, a través de un mayor costo de electricidad aproximado de US$ 55 millones anuales, por el traspaso a precio del impuesto pagado por los generadores.

“El diseño es inadecuado, porque no debería afectar el costo sistémico, sino el costo variable de las centrales que emiten y el costo marginal del mercado mayorista eléctrico”, aseguran desde la entidad.

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La realidad de la industria

Otro de los argumentos que puso el Consejo Minero sobre la mesa tiene que ver con el origen de las emisiones atribuidas a las empresas mineras, las que principalmente no son directas, sino que provienen del consumo eléctrico, aunque falta reconocer los contratos de suministro eléctrico con fuentes renovables, cada vez más masivos en el sector, pues las compañías están transitando a suministros verdes.

Según las cifras de Cochilco, en 2022 el 66% del suministro eléctrico de las empresas provino de fuentes renovables, por sobre el 54% de participación de estas fuentes en el Sistema Eléctrico Nacional.

El último ejemplo fue la estatal Codelco, que hace tan solo unos días lanzó una convocatoria para una licitación por aproximadamente 2.500 GWh/año —lo que equivale al consumo residencial anual de la Región de Valparaíso— en el marco de la estrategia de la corporación minera de alcanzar un suministro eléctrico 100% verde hacia 2030.

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En el caso de las emisiones directas del rubro, el 80% proviene del uso de combustibles en los rajos, principalmente en camiones de extracción minera de gran tonelaje, los que deben recorrer extensiones cada vez más grandes de territorio, ante la profundidad que alcanzan las faenas en operación.

Desde el Consejo Minero detallan que la posibilidad de contrarrestar el aumento de emisiones causado por esta razón depende de un cambio tecnológico que permita contar con este tipo de equipos de bajas o cero emisiones.

Fuente: El Mercurio