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• Este año aumentaron en más de 51,600 los trabajos directos en la actividad minera.

• Hay 84 conflictos que involucran a empresas mineras, Áncash y Cajamarca tienen más casos.

Ley no habilita al Ejecutivo a cerrar una operación de manera unilateral. Viceministro de Gestión Ambiental dice que no habrá intangibilidad en zonas de cabecera de cuenca para desarrollar actividades económicas.

Ley de cierre de minas no prevé que el fin de una operación minera la pueda tomar el Poder Ejecutivo de manera unilateral, sino que es un proceso que está en constante evaluación.

El fin de semana, el anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el cierre definitivo de cuatro operaciones mineras en Ayacucho, despertó la preocupación de diversos sectores por los impactos que esta medida puede generar.

Uno de sus impactos más significativos estaría en la inversión privada y el empleo. Esto último tomando en cuenta que el anuncio de la primera ministra se da en plena recuperación del empleo minero en el Perú.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) hasta setiembre de este año 241,671 personas trabajaban de manera directa en el sector minero. Esta cifra significa hay 51,699 puestos de trabajo más que hace un año a nivel nacional, pues en octubre del 2020 eran 189,972 empleados directos.

En el caso de Ayacucho, la actividad minera viene generando más de 8,000 empleos directos, superando a los cerca de 6,000 que se creaban hace un año.

Imprecisiones

La tarde del sábado, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) publicó un comunicado en el que se señala que tras el acuerdo con la población de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, en el acta suscrita se ratifica el cumplimiento de los planes de cierre de las unidades mineras Apumayo, Brea-pampa, Pallancata e Inmaculada.

Sin embargo, en el acta firmada por los representantes del gobiernos y las comunidades ayacuchanas, no se evidencia un compromiso tajante sobre el cierre de las minas mencionadas, sino que se “revisará el proceso de cierre de la actividad minera con la participación de las comunidades”.

La Ley N° 28090, que regula el cierre de minas en el Perú, no establece que el fin de una unidad minera la puede tomar el Gobierno de manera unilateral, sino que es un proceso que está en constante evaluación.

La ley de cierre de minas no tiene ningún artículo que se obligue a cerrar, sino que busca que las empresas mineras grandes y medianas incorporarán en su planificación que en algún momento iban a cerrar. Por ello se incorporan dos conceptos: el cierre progresivo y el cierre final. Es decir, las fechas que se presentan para el cierre de minas no son fijas y pueden extenderse, según la disponibilidad de los minerales que se explotan.

A ello se suma que el Estado, a través del Minem, exige una garantía a las empresas mineras para financiar el cierre de las minas.

Situación de minas

De las cuatro minas en cuestión, Apumayo es la que sí debería cerrar, ya que tanto el Minem como el Consejo de Minería desaprobaron su solicitud de modificación de plan de cierre de minas. En el Minem consideran que desde el 2018 no puede operar, pues se encuentra en fase de poscierre.

En el caso del proyecto Inmaculada, la Compañía Minera Ares, filial de Hochschild Mining, tiene planeado extender la vida útil de la unidad minera de oro y plata hasta el 2041. Senace ya admitió la segundo modificación de su EIA.

Pallancata y Breapampa también están en plena operación. El 2011, el gobierno de Alan García canceló el inicio del proyecto minero Santa Ana, en Puno, luego de protestas. Luego el Estado pagó compensación de US$ 32 millones. En una mina subterránea, lo normal es que cada dos años se actualicen las reservas probadas, pues el mineral se encuentra conforme avanza la explotación.

Fuente: Gestión