Colegio de Abogados de Lima instala mesa de trabajo

Ante la compleja situación generada por los recientes bloqueos de vías nacionales vinculados al debate de la Ley MAPE, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) convocó el pasado viernes 11 de julio a una mesa de trabajo con destacados juristas y representantes del sector minero, con el fin de analizar, desde una perspectiva jurídica multidisciplinaria, las implicancias del actual modelo de formalización minera y su impacto en el Estado de Derecho, el medio ambiente, la propiedad y la seguridad ciudadana.

La sesión contó con la participación de los doctores Luis Lamas Puccio, Lucas Ghersi Murillo, Carlos Soria Dall’Orso y Mariano Castro Sánchez-Moreno, integrantes de las Comisiones Consultivas de Derecho Penal, Constitucional y Ambiental del CAL, así como con representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

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Durante el encuentro se revisaron cifras preocupantes. A julio de 2024, más de 88 mil inscripciones figuraban en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Sin embargo, el 33% de ellas se ubica en áreas sin titular minero y, del 67% restante, el 73% corresponde a invasiones a concesiones de pequeños mineros. Esta situación refleja una grave distorsión del proceso de formalización y un riesgo creciente para la legalidad, el orden público y el ambiente.

Los juristas asistentes coincidieron en que el proyecto de Ley MAPE, actualmente en debate en el Congreso, presenta serias debilidades jurídicas, entre ellas:

• La ausencia de fiscalización efectiva en la minería a pequeña escala.
• El tratamiento de la MAPE como actividad informal por defecto, sin vías claras para su inicio en la legalidad.
• La insistencia en eximir de responsabilidad penal a operadores informales, generando incentivos a la impunidad.
• La vulneración de derechos fundamentales y del principio de legalidad.

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Frente a ello, el Colegio de Abogados de Lima reafirma su compromiso con el país y con la búsqueda de soluciones sostenibles que respeten los derechos de todos los actores: el Estado, la ciudadanía, el sector minero formal, las comunidades y el medio ambiente.

En esa línea, el CAL anuncia la conformación de una Mesa de Trabajo Permanente sobre Formalización Minera, con el objetivo de elaborar propuestas jurídicas que permitan atender esta problemática de manera justa, equitativa y conforme a los principios del Estado de derecho.