Con 14 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el legislador Isaac Mita (PL), aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 7866/2023-CR, 7941/2023-CR y 8274/2023-CR, que propone modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, para tipificar el delito de ecocidio.
¿DE QUÉ TRATA?
La propuesta incorpora el artículo 305-A al Código Penal, donde se precisa el delito de ecocidio e indica que si una persona, a sabiendas, provoque, realice u omita actos que causen daños graves que sean extensos o irreversibles al ambiente o a sus componentes, a la calidad o la salud ambientales o a la integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años, con 365 a 730 días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36, numerales 1, 2, 3, 4.
Del mismo modo se precisa que un daño grave es aquel que causa cambios adversos, perturbaciones o daños notorios en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, marítimas o subterráneas, incluidos los impactos graves a la vida humana, vida animal y vegetal, los recursos naturales, culturales o económicos.
“Daño extenso (es) aquel que se extiende más allá de una zona geográfica limitada, rebasa las fronteras estatales o afecta a la totalidad de un ecosistema o a la totalidad de una especie”, se detalla.
Asimismo, se indica que un daño irreversible solo puede ser mitigado a través de procesos naturales de recuperación durante un periodo prolongado.
NO APRUEBAN
Luego, la comisión no alcanzó los votos para aprobar el dictamen recaído en los proyectos de ley 1248/2021-CR, 1266/2021CR, 1537/2021-CR, 4720/2022-CR, entre otros, que proponía modificar la Ley de Carrera Fiscal, Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia para ampliar las faltas y sanciones aplicables a jueces y fiscales, además de dictar otras disposiciones en materia de administración de justicia y seguridad.
Asimismo, por mayoría, fue rechazado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9528/2024-CR, que buscaba modificar el Código Penal, Decreto Legislativo 635, a fin de precisar la persecución penal de los delitos de colusión y de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo.
SUSTENTACIONES
En otro momento, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu Lizarzaburu (APP) sustentó el Proyecto de Ley 07631/2023-CR, que propone fortalecer la lucha contra la delincuencia mediante el registro de datos genéticos de sentenciados y víctimas.
Su colega Alex Paredes (BMCN) expuso los fundamentos del Proyecto de Ley 09403/2024-CR, que propone incorporar el artículo 268-B al Código Procesal Penal, estableciendo presupuestos materiales específicos para la prisión preventiva en delitos flagrantes.