Iba a ser uno de los mayores proyectos energéticos en la historia deChile pero el martes el plan de construir cinco represas en una región de la Patagonia chilena -conocido como el proyecto Hidroaysén– fue sepultado por el gobierno de Michelle Bachelet.
“Este Comité de Ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad, por la ciudadanía y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Hidroaysén y en este acto administrativo terminal se declara rechazado el proyecto”, anunció el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, tras la reunión de gabinete que analizó el caso.
Iba a ser uno de los mayores proyectos energéticos en la historia de Chile pero el martes el plan de construir cinco represas en una región de la Patagonia chilena -conocido como el proyecto Hidroaysén- fue sepultado por el gobierno de Michelle Bachelet.
“Este Comité de Ministros ha decidido acoger los recursos de reclamación presentados por la comunidad, por la ciudadanía y dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Hidroaysén y en este acto administrativo terminal se declara rechazado el proyecto”, anunció el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, tras la reunión de gabinete que analizó el caso.
El funcionario se refería a las 34 reclamaciones que presentaron los opositores a la iniciativa, quienes sostenían que al inundar 6.000 hectáreas para crear las centrales hidroeléctricas se estarían destruyendo asentamientos humanos y valiosos espacios naturales.
Esas objeciones fueron apenas un pequeño grupo de las cerca de 4.000 observaciones que recibió el proyecto desde su concepción.
En efecto, desde que la Comisión de Evaluación Ambiental de la comuna de Coyaique, capital de la región de Aysén, aprobó el proyecto en mayo de 2011, hubo un amplio rechazo por parte de la ciudadanía, que se tradujo en manifestaciones públicas a lo largo del país.
Según las encuestas, tres cuartos de la población chilena estaba en contra de la iniciativa.
Así, su rechazo este martes significó un enorme triunfo para la ciudadanía y los activistas ambientales que encabezaron los cuestionamientos.
Pero no es la primera vez que las objeciones ambientales logran frenar proyectos de envergadura en Chile.
PASCUA LAMA
En abril de 2013 una Corte de Apelaciones en el norte del país ordenó que se paralice el proyecto minero Pascua Lama, un masivo emprendimiento binacional que realiza la empresa minera canadienseBarrick Gold en la frontera entre Chile y Argentina.
Cinco meses más tarde, la máxima instancia judicial de Chile ratificó el fallo, obligando a Barrick a suspender sus operaciones hasta que se tomen las medidas necesarias para proteger el medioambiente.
Sucede que la mina a cielo abierto, de la que se extraerá oro, plata, cobre y otros minerales, está en una zona de glaciares y, según los ecologistas, el cianuro empleado en la explotación podría contaminar el agua.
Al igual que con Hidroaysén, el proyecto Pascua Lama también fue centro de numerosas protestas ciudadanas.
Para la ambientalista Javiera Espinoza de la Fundación Terram de Chile, tanto la paralización de Pascua Lama como el rechazo al proyecto Hidroaysén demuestran el poder de la sociedad civil.
“Gracias al apoyo ciudadano pudimos armar una red de 80 ONG y creamos el Consejo de Defensa de la Patagonia, que logró imponer su campaña ‘Patagonia sin represas’”, dijo a BBC Mundo.
En tanto, en el caso de Pascua Lama “fueron las demandas de los pueblos originarios ante la Justicia” las que llevaron a las Cortes a suspender el proyecto, señaló la ecologista.
TAMBIÉN EN ARGENTINA
Chile no es el único país en donde la presión ciudadana logró frenar proyectos cuestionados por su impacto ambiental.
En la vecina Argentina, los vecinos del pequeño pueblo de Famatina, en la provincia noroccidental de La Rioja, también lograron paralizar a través de la justicia un proyecto minero en 2012.
Seis años antes, Famatina ya había logrado expulsar a Barrick Gold, que planeaba otro proyecto similar.
Además de acudir a la Justicia, los pobladores y simpatizantes de la causa habían protagonizado masivas marchas y bloqueos, algunas de las cuales fueron reprimidas por las autoridades provinciales.
Según la consultora de asuntos medioambientales Claudia Ricca, muchos de quienes se movilizaron tanto en Chile como en Argentina contra estos proyectos mineros o energéticos son campesinos o personas que viven de la tierra, y temen perder todo si su territorio es destruido o contaminado.
“Otro ejemplo del poder ciudadano para frenar proyectos que contaminan fue la campaña de los vecinos de Malvinas Argentinas, en Córdoba, que logró paralizar las obras de construcción de una planta de semillas transgénicas de Monsanto”, dijo la experta a BBC Mundo.
Con una serie de acampadas frente a la edificación –considerada la planta de tratamiento de semillas de maíz más grande del mundo- los activistas de la céntrica provincia argentina forzaron a la multinacional a frenar su plan de obras antes de que la Justicia provincial ordenara su suspensión por cuestionamientos medioambientales.
EN URUGUAY
La preocupación de la ciudadanía por cuestiones ecológicas también es cada vez más visible del otro lado del río de La Plata, en Uruguay, donde muchos presionan al gobierno de José Mujica para que dé marcha atrás con un polémico proyecto minero, llamado Aratirí.
El exministro de Industria de Uruguay Roberto Kreimerman, quien ejerció el cargo hasta mayo de este año, dijo a BBC Mundo que el gobierno ya firmó un preacuerdo con la minera Zamin Ferrous para desarrollar una mina de hierro a cielo abierto en la localidad de Valentines, en el centro del país, pero tiene hasta fin de año para decidir si da luz verde al proyecto.
La explotación minera crearía unos 1.500 puestos de trabajo, pero muchos pobladores dicen que cuando concluya la extracción, en unos 10 a 20 años, quedará inutilizable el área de unas 500 hectáreas donde operará la mina, zona que actualmente es utilizada para la ganadería y la agricultura.
BBC