Los precandidatos deben pronunciarse sobre la necesidad de impulsar el proyecto minero Las Bambas, así como sobre la urgencia de rechazar la violencia, al ser temas que el próximo gobierno deberá enfrentar, consideró hoy el titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Martín Pérez.
«Hago una invocación a los candidatos. Los candidatos tienen que pronunciarse sobre este tema, pues serán además ellos quienes deberán enfrentar ese modelo disruptivo que ya lo estamos viendo y que hoy día ellos lo ven de lejos», manifestó.
En esta línea, propuso, además, la creación de un «frente social ciudadano contra la violencia y el retroceso.»
El titular de la Confiep sostuvo que es inaceptable permitir a una minoría imponer un modelo disruptivo, es decir, orientado a la violencia, para lograr sus objetivos, cuando la población está en contra de esto.
«La gran mayoría de peruanos estamos en contra de la violencia, en contra de retroceder lo que hemos avanzado durante quince, diecisiete o veinte años. No podemos regresar a los peruanos que ya salieron de la pobreza nuevamente a la pobreza», expresó.
Recordó que la ejecución del proyecto Las Bambas constituye una inversión de US$ 10 000 000, monto que el país no pude perder.
Alegó además que quienes protestan son grupos ajenos al Ejecutivo, gobiernos regionales, o autoridades de las comunidades, porque no han sido elegidos por la población, aunque están bien organizados para el desarrollo de las acciones violentas.
En otro momento, sostuvo que el Parlamento debe dejar de lado el «calculo político» y concluir con el debate de la reforma electoral.
Tras esto, se mostró a favor de la eliminación del voto preferencial siempre y cuando se dé un adecuado manejo del debate sobre las propuestas en torno a la democracia interna de los partidos.
Igualmente, a los partidos y organizaciones políticas les pidió ser transparentes respecto a sus aportes privados.
Por último, lamentó que el Pleno del Congreso aprobara la insistencia de la Comisión de Energía y Minas en el proyecto que autoriza a Petroperú operar el Lote 192, norma observada por el Poder Ejecutivo.
«Lamentable que una decisión política pase por encima de una decisión económica que era ya estaba tomada por el directorio de una empresa pública. Ese hecho es preocupante (…)», concluyó.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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