Reporte de la Defensoría del Pueblo señala que hay 89 conflictos socioambientales activos. Entre ellos se encuentra el caso de Las Bambas
El caso de Las Bambas no es el único conflicto social que debería despertar preocupación en el país. Según reporte de la Defensoría del Pueblo, en el último mes de febrero se han reportado 89 conflictos socioambientales activos, de los cuales 62.9% (56) están relacionados a la actividad minera, tal como ocurre en la región de Apurímac.
El reclamo de la comunidad de Fuerabamba fue registrado como nuevo caso en diciembre del 2018, cuando cuestionaron la reclasificación como Ruta Nacional de la carretera que cruza el ex Fundo Yavi Yavi. Ya en febrero de este año, los comuneros optaron por bloquear la vía a la empresa china MMG Las Bambas.
Hasta el momento, el diálogo se encuentra interrumpido entre autoridades, empresa y comunidades. A ello se suma la detención del dirigente Gregorio Rojas y los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores legales investigados por presuntos actos de extorsión.
¿Qué significa un caso activo? Para la Defensoría del Pueblo, estos se dan cuando son expresados por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales. Su tratamiento obedece a una serie de fases (temprana, escalamiento, crisis, desecalamiento, diálogo) que muestra grado de violencia, diálogo y entendimiento.
Conflictos sociales
El Reporte de Conflictos Sociales N° 180 señala que al finalizar febrero se registraron 179 casos de conflictos sociales. Solo se registró un caso nuevo que implicó a las regiones de Arequipa, Lambayeque y Piura, en torno a la protesta de transportistas de carga pesada por el alza del combustible. Dos conflictos lograron ser resueltos.
Por otro lado, también se señala que los conflictos socioambientales ocuparon el 63.1% (113 casos) del total de conflictos registrados en el mes (179), entre activos y latentes.
La Defensoría del Pueblo entiende al conflicto social como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia.
Fuente: El Comercio