- La vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso destacó la necesidad de un diálogo sin condicionamientos y planteó la participación del Ministerio Público en futuras sesiones sobre formalización minera.
En el marco de la crisis generada por las recientes protestas de mineros artesanales e informales, la congresista Diana Gonzáles, vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, reveló detalles de la última mesa de trabajo multisectorial convocada por la presidenta Dina Boluarte. Según señaló, el encuentro —realizado con la participación de altos funcionarios del Ejecutivo, el Legislativo, la Defensoría del Pueblo y representantes gremiales como Confemin y Fenamarpe— evidenció presiones por parte de los dirigentes mineros.
Durante una entrevista con RPP, Gonzáles criticó abiertamente al presidente de Confemin, Máximo Franco Béquer, por haber llegado tarde a la reunión y condicionar su participación a una revisión del Decreto Supremo que establece el cierre del Reinfo. “Amenazó con retirarse si no se revisaba el decreto”, declaró, y lamentó que estas actitudes busquen imponer agendas en un espacio destinado al diálogo técnico y democrático.
Ejecutivo mantiene posición sobre el Reinfo
Gonzáles valoró de forma positiva la postura del Ejecutivo, especialmente del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quienes —según la parlamentaria— “fueron contundentes en no ceder ante condicionamientos”. Subrayó que la formalización minera debe seguir adelante bajo las reglas ya establecidas y que el Gobierno está abierto al diálogo, pero no a retrocesos.
Además, la congresista resaltó que el ministro Montero explicó a los gremios que los más de 50,000 mineros excluidos del Reinfo pueden presentar sus recursos de reconsideración, y que cada caso será evaluado individualmente, conforme al marco legal vigente.
Posibles exclusiones
Un punto preocupante abordado por Gonzáles fue el hecho de que muchos mineros informales no se sienten representados por Confemin ni Fenamarpe. Según su testimonio, varios de ellos se acercaron luego de la reunión en Palacio de Gobierno para expresar su disconformidad con sus dirigentes y su apoyo al proceso de formalización.
“Tal vez el Gobierno debería ampliar la convocatoria a otros gremios que también quieren formalizarse”, propuso, destacando que existen sectores que no comparten las posturas de confrontación de sus actuales representantes.
La parlamentaria también expresó su confianza en que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sea convocada a las próximas sesiones de la mesa de trabajo. Consideró clave que se incorporen instituciones como el Ministerio Público, debido a la sensibilidad del tema y a las denuncias sobre presuntas manipulaciones dentro del proceso de formalización minera.
Asimismo, criticó la falta de transmisión pública de la reunión del lunes, lo que —según indicó— ha permitido que algunos actores “salgan a decir lo que quieren, generando falsas expectativas”.
Para la congresista Gonzáles, el país necesita una Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que realmente legisle para los mineros que desean trabajar formalmente, respetando las normas laborales, ambientales y tributarias. A su juicio, el error sería legislar pensando en extender registros irregulares o dar facilidades a economías ilegales bajo el pretexto de la formalización.
En ese sentido, hizo un llamado a fortalecer el proceso técnico de evaluación de los mineros inscritos, sin ceder a presiones gremiales, y resaltó la importancia de mantener el orden jurídico en el país.