Un informe de la Contraloría General de la República ha vuelto a poner el foco sobre la Refinería Talara, la obra insignia de Petroperú que, a casi tres años de su puesta en marcha, sigue arrastrando un rosario de problemas técnicos y normativos. Según el Informe de Hito de Control N° 006-2026-OCI/4243-SCC, el complejo refinero acumula más de 1,400 incumplimientos normativos pendientes de subsanación, una cifra que ha encendido las alarmas sobre la seguridad y la viabilidad operativa del proyecto.
La investigación de la Contraloría, que se basó en una visita de campo realizada entre el 1 y el 3 de julio de 2026, reveló que el Consorcio FIMS, la empresa encargada de la supervisión del proyecto, había notificado a Petroperú y al Osinergmin la existencia de 1,639 incumplimientos normativos. Estos hallazgos son el resultado de la fiscalización de las disposiciones legales y técnicas que deben cumplirse en las seis etapas del proyecto: diseño, procura, construcción, precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha.
El contrato con el Consorcio FIMS, firmado en julio de 2024 por un monto de S/ 19.9 millones, tenía una vigencia de 18 meses y culminaba el 20 de julio de 2026. Sin embargo, la Contraloría advirtió que, al cierre de este plazo, la mayoría de las observaciones seguían sin resolverse.
Incumplimientos
El informe de la Contraloría, además de la magnitud de los incumplimientos, detalla su gravedad y concentración. La mayor parte de estos se encuentra en áreas críticas: 561 incumplimientos corresponden a la etapa de diseño (34.23%), 419 a procura (25.56%) y 354 a construcción (21.60%). Juntas, estas tres fases acumulan el 81.39% del total de observaciones.
Por especialidad, el panorama es igualmente preocupante. Ingeniería de Procesos concentra 756 incumplimientos, el 46.13% del total. Le siguen las áreas de Mecánica y Tuberías (287 observaciones) y Seguridad Industrial y de Procesos (280 observaciones).
La Contraloría fue tajante en su advertencia: mientras estos incumplimientos persistan, no se puede asegurar el cierre técnico, normativo y documental del proyecto. Esto mantiene un riesgo latente sobre la seguridad de las personas, la integridad de las instalaciones y la finalidad pública de la inversión.
Este escenario se agrava por el hecho de que la refinería de Talara opera sin un Estudio de Riesgos de Seguridad (ERS) vigente desde hace tres años y medio. Este protocolo, vital y obligatorio, especifica cómo actuar en casos de incendios, explosiones o fugas de químicos. Aunque en febrero de 2023 el Minem eximió a Petroperú de presentar este permiso para agilizar el arranque operativo, la empresa no ha logrado presentar un documento consistente, y el Osinergmin ha declarado improcedente el último estudio presentado.
Incertidumbre
La situación refleja la compleja realidad de una refinería que, a pesar de los más de US$ 6,500 millones invertidos, aún no logra consolidarse como una operación segura y eficiente. Aunque el contrato de supervisión con el Consorcio FIMS finalizó, desde Osinergmin se ha pedido más plazo para corregir la situación.
Por su parte, Petroperú ha salido al frente para precisar que los más de 1,600 registros no deben considerarse como fallas físicas concluyentes, sino como observaciones documentales que están siendo atendidas de forma progresiva. La empresa asegura haber presentado el levantamiento del 100% de los registros correspondientes a las etapas de Diseño, Procura y Precomisionamiento, mientras que la etapa de Construcción registra un avance del 76%. Sin embargo, el número de observaciones pendientes de subsanación, que supera el millar, pinta un cuadro de incertidumbre sobre el futuro de la refinería más importante del país.
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