El contralor general de la República, Fuad Khoury, informó que la solicitud de congelar las cuentas de las municipalidades de Islay, Punta del Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra, se basó en la sospecha del uso indebido de los recursos públicos para financiar las protestas en contra del proyecto minero Tía María.
«Lo que se supone es que están saliendo los dineros de las municipalidades con el propósito de financiar las movilizaciones, entonces nos encontramos ante un uso totalmente irregular, delictuoso, si es que se llegase a comprobar», afirmó.
Añadió que esa sospecha se acrecienta cuando estas municipalidades se niegan a dar información a los auditores de la Contraloría, pese a los reiterados pedidos.
En declaraciones a RPP Noticias, el funcionario anunció que si se demuestra que efectivamente hay un desvío de recursos a favor de las protestas, los alcaldes responsables serán denunciados penalmente.
«Esperamos que apenas termine esta situación (las protestas) podamos abrir los libros y ver qué ha pasado. Si es que ha ocurrido lo que suponemos, no se van a escapar los alcaldes de una denuncia penal, si es que han usado los recursos de los ciudadanos», señaló.
La suspensión temporal de las cuentas bancarias, dispuesta anoche por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no comprende las operaciones para el pago de ingresos de personal, cargas sociales, pensiones, seguros, servicios públicos básicos, internet, limpieza, seguridad de la institución, arbitrios, así como obligaciones relacionadas con el Vaso de Leche u otros programas sociales.
Andina
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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