Martín Cabrera Marchan, Gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría General de la República
ProActivo. La Contraloría General de la República tras una sentencia del Tribunal Constitucional emitida el año pasado, perdió capacidad sancionadora. Hoy aquellos funcionarios que cometen faltas graves o muy graves tienen que ser penados por la propia municipalidad y el gobierno regional. En ese contexto la entidad decidió entre otras medidas incrementar el número de auditores en la entidad pública.
“Hemos empezado el proceso de absorción de órganos de control institucional, porque encontramos verdaderamente una situación que ameritaba hacer un cambio. Nosotros creemos que no son 17 mil millones de soles que pierde el Estado por corrupción, probablemente es mucho más”, sostuvo Martín Cabrera Marchan, Gerente de Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría General de la República en el Seminario de ‘Política de anticorrupción para proyectos financiados con préstamos AOD del Japón, organizado por JICA (Japan International Cooperation Agency).
Sistema Nacional de Control (SNC) en las entidades del Estado
Comentó también el trabajo que viene realizando como ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, tanto de manera interna en las organizaciones como de manera externa, es decir cuando realizan auditorías.
Cabrera definió al Control Interno como el “sistema inmunológico” que deben tener todas las entidades públicas para aplicar sus respectivas normas con el fin de evitar cualquier situación de irregularidad. Sin embargo, precisó que el cumplimiento de implementación del control interno era bajísimo.
“De las 3,492 entidades mapeadas, solo 16 habían implementado su Sistema de Control Interno. Nosotros hicimos ajustes en lo que corresponde a Contraloría y ya hemos logrado superar el 75% de instituciones que vienen implementando su respectivo sistema de control interno”, sostuvo. Añadió que establecer estos lineamientos es muy importante para evitar un futuro control externo.
En cuanto al control externo, explicó que el panorama era desolador. De las 1.678 municipalidades distritales, solo el 9% durante los últimos 10 años había tenido por lo menos una auditoría. Es decir, que alrededor de 1,300 municipalidades no habían sido auditados. En cuanto a los municipios provinciales, de los 196 que existen, se encontró que un 30% no tenía Órgano de Control Institucional y tampoco un Sistema de Control Interno.
“Las dificultades fueron esencialmente las limitaciones que existen en materia presupuestal, que en realidad son las menos importantes porque siempre se pueden generar eficiencias al nivel de las entidades o en este caso del pliego contraloría, pero hubo uno muy particular, que fue el de la Capacidad Técnica y Operativa del Sistema”, expresó el funcionario en exclusiva para ProActivo.
Precisó que la Contraloría cuenta con muchos auditores, siendo las obras públicas, las que tienen la mayor demanda.
Mayor contratación de ingenieros para el SNC
“Hubo la necesidad de llevar a cabo un replanteo sobre eso y obviamente contratar como corresponde a especialistas en la materia”, agregó. Esta situación llevó a la Contraloría a contratar a ingenieros en varios procesos y ello ha incrementado el número de integrantes del SNC.
“Trasladar auditores desde Lima nos resulta muy oneroso. Entonces lo que queremos es a nivel nacional terminar el proceso que permite a las entidades públicas transferirnos recursos que paga a los auditores; para que nosotros a partir de allí en adelante, ser el que los contrata y asegurar desde la independencia y autonomía”, subrayó.
En su ponencia, detalló que a la fecha los 196 municipios provinciales, vienen siendo revisados por la Contraloría.
“Niño sano” y la participación ciudadana
La Contraloría, detalla Cabrera, hace un trabajo en tres niveles: control previo, control simultáneo y control posterior, pero actualmente los esfuerzos van a lo que es la prevención.
“Se ha trabajado mucho en la parte sancionadora, en el control posterior. Pero era evidente, llegábamos tarde o nunca, porque no se podía estar donde se requería. Entonces se comenzó a trabajar en la parte preventiva. Ahí se implementó una nueva modalidad de control, el control concurrente”, dictó.
Detalló que gracias a este nivel de control ya no tardan en llegar, sino que se trata de una suerte de “niño sano”, al cual hay que revisarlo cada cierto tiempo. Del mismo modo, destacó la importancia de la participación de la ciudadanía, que es la primera en informar problemas en las diferentes gestiones, sin esperar a que explote una situación tipo Lava Jato.
“Los beneficios que nos ha traído directamente han sido enormes. Hemos reducido los sobrepagos, los adicionales de algunos servicios que no han sido adecuadamente prestados y hemos incrementado la posibilidad de romper ese círculo de corrupción” recalcó. En tal sentido, indicó que también lograron que los informes de control sean públicos.
“Para nosotros es importante la participación ciudadana junto con el control social, porque hace posible que el control esté cerca; porque nosotros vemos la corrupción en las megaobras, pero en realidad eso es lo que menos les afecta a las personas en su vida diaria. En cambio, los ciudadanos que viven en lugares alejados, más les afecta la pista no terminada”, expresó.
