El Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, la Red Muqui y CooperAcción presentaron el informe que evalúa el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Tía María de la empresa minera Southern Copper. Estuvieron presentes la representante de CooperAcción y una de las autoras del informe, Mary Luz Chávez; el presidente del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, y el fundador del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides), Marco Arana.
“Las inconsistencias y deficiencias del EIA del proyecto Tía María son amplias, y minimizan los recursos hídricos en la zona de influencia”, afirmó Mary Luz Chávez en la presentación del Informe “Valle de Tambo-Islay: Territorio, agua y derechos locales en riesgo con la minería a tajo abierto”, que evalúa EIA del proyecto citado, y que fue elaborado por el Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, Red Muqui, CooperAcción y la Municipalidad Distrital de Dean Valdivia.
“La revisión de los EIAs debe darse dentro de un proceso preventivo que permita hacer un buen diagnóstico del proyecto, de lo contrario no se podrán visualizar los impactos ambientales ”, señaló.
Planteó que el ministerio del Ambiente aborde este tema para que en el futuro se pueda hacer una revisión estructural, orgánica y operativa de los EIA.
“No se puede minimizar el clima del Valle de Tambo, diciendo que no hay lluvias por ser zona desértica, para justificar que no habría drenaje ácido y contaminación por aguas subterráneas. El EIA no mide los impactos que se podrían dar en diversas épocas del año”, detalló.
“El MEM está reflejando poca capacidad operativa en como hacer un proceso de evaluación de los EIA”, acotó.
Refirió que para la elaboración del Informe presentado se hicieron trabajos de campo y revisión de documentaciones de las fuentes secundarias de los EIA, incluyendo las tres modificaciones que ha tenido.
“Los resultados de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) sobre este EIA, coinciden con las deficiencias que detectó nuestro informe”, indicó.
Advirtió que la extracción de minerales de óxidos de cobre por los tajos abiertos de la Tapada y Tía María constituye una potencial contaminación de las aguas subterráneas de la zona por drenajes ácidos, que afectaría la actividad agropecuaria.
Grave peligro para la agricultura
Pepe Julio Gutiérrez, manifestó que el informe que evalúa el EIA de Tía María, refleja los motivos de su oposición.
“Se nos acusa de ser una minoría antiinversión, no consideran que la lucha del Valle del Tambo es un problema social”.
Añadió que Tía María es un grave peligro contra esa zona que vive del agro. “Se trata de un área de 12.470 hectáreas de cultivo, con recursos vitales hídricos, que da todo”, anotó.
En conversación con ProActivo Gutiérrez opinó sobre la intención de la empresa Southern de reiniciar operaciones en su proyecto “Es una provocación, en lo social hemos demostrado que tenemos zonificación como pueblo, en lo técnico el EIA es deficiente y la Unops ha dicho que es inviable”.
Asimismo, denunció la desaparición, en el expediente del proceso, de una carta en la que Southern se compromete a desarmar su campamento y retirarse.
Con relación al recambio ministerial, opinó que la solución es cambiar de actitudes y de políticas, y no de “simples administradores que acatan ciegamente lo que viene de arriba”. “No se puede dar una ley sin conocer la realidad de los pueblos. Ollanta Humala fue a nuestro valle, nos aseguró que viviríamos siempre con la agricultura, pero ha cambiado de discurso”, lamentó.
Marco legal de promoción a minería ya colapsó
Marco Arana, señaló que el Informe precisa que el EIA de Tía María no cumplió con evaluar los verdaderos impactos, sino que sólo buscó la aprobación del instrumento.
Además pronosticó que no habrá solución para Tía María ni para Conga, sino asumimos que el actual marco constitucional y jurídico para promover la minería, “ha colapsado”.
Afirmó que dicho marco obedeció a otro contexto político, económico, social y ambiental: bueno para las mineras y lesivo para las comunidades. Añadió que no busca un marco jurídico que ponga candado a la actividad minera en Perú. “Pero si que la minería tal como se viene impulsando no puede continuar, y que hay proyectos que no pueden ir”, consideró.
Asimismo, denunció que no puede ser -como en Conga- que el MEM tercerice la evaluación del EIA, y que la información sobre quien lo hizo ya no exista aduciendo que no da legitimidad, ni ayuda al desarrollo de la actividad minera.
Enfatizó que los EIA sólo definen la viabilidad o inviabilidad del proyecto. “Quiere decir que con un EIA aprobado no necesariamente el proyecto va ir, pues la definición del uso del territorio es una competencia constitucional y legal de los gobiernos regionales y locales”, precisó.
Denunció que ahora las mineras hacen audiencias públicas en sus campamentos, sólo con autoridades afines, sus trabajadores, con más policías, y muchas veces sin opositores.