Foto: Archivo El Comercio)
¿Qué tienen en común el Tren Macho, los buses del Metropolitano y la mayoría de taxis que circulan por Lima? La respuesta es que todos ellos funcionan con gas natural, el combustible menos contaminante, más rendidor y abundante que hay en el país: son 14,6 trillones de pies cúbicos de reservas probadas (según el Libro de Reservas del Ministerio de Energía y Minas), suficientes para satisfacer cuarenta años continuos de producción, según autoridades del sector.
Pero estos beneficios no han impedido que la conversión de vehículos a gas natural pierda dinamismo, al igual que la implementación de estaciones de servicio. De acuerdo a Infogas, cada mes se convierten unos 1.300 vehículos, en promedio, frente a los 1.775 mensuales del 2014.
También se dan de baja a unos 40, pues sus conductores “prefieren emplear [o volver a emplear] gasolina o gas licuado de petróleo (GLP)”, según apunta Rocío Zorrilla, directora de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú (Agesep).
Un panorama muy diferente al de hace unos años, cuando el Perú era premiado internacionalmente por el crecimiento explosivo de sus conversiones a gas natural vehicular (GNV) y su aplicación exitosa del sistema de control de carga (chip inteligente).
Hoy, en cambio, hemos cedido el estrellato a Bolivia. “Desde la instalación del primer grifo de GNV en el 2005 se han activado 212 mil vehículos. Pero Bolivia ha activado 300 mil en menos tiempo”, refiere Renato Lazo, gerente general de la Cámara Peruana del Gas Natural Vehicular (Cpgnv).
¿Por qué las conversiones se desaceleran? ¿Y qué están haciendo las empresas y el Gobierno para remediarlo?
GNV vs GLP
El fondo del problema, según Agesep y Cpgnv, es la pérdida de competitividad del GNV frente a otros combustibles, como el GLP, debido a diversos factores.
Uno reciente (pero que ha llegado para quedarse por largo tiempo) es la caída del precio del petróleo, que arrastra a la baja a los precios de todos sus derivados, mas no así al del gas de Camisea, regulado por contrato.
No obstante, el consorcio ha subido el precio del gas en enero, coincidiendo con la decisión del Gobierno de reducir la carga tributaria al GLP, combustible que hoy es escaso. “Esto explica que el precio del GLP en Áncash y Lambayeque sea más barato que el del GNV en las mismas regiones”, apunta Lazo.
A ello se añade la casi nula participación de Cofide como impulsor del sistema de financiamiento de conversión de vehículos a GNV, situación que se refleja en las deprimidas cifras de conversiones mensuales que datan del 2011.
Según Zorrilla, ello origina que la implementación de grifos de GNV carezca de eficiencia económica, particularmente, fuera de Lima, donde se convierten dos vehículos al mes, como en el caso de Piura.
“Sin embargo, existe la voluntad del sector privado de seguir invirtiendo en estaciones, con la creencia de que el mercado seguirá creciendo. Pero falta decisión política, incentivos y financiamiento para la conversión en provincias”, remarca.
FISE PARA GNV
Debido al aparente techo de conversiones vehiculares en Lima (supuesto válido para taxis, pero no para buses, camiones y vehículos particulares, como apunta Pedro Gamio, ex viceministro de Energía) el Gobierno inició la conquista de las regiones para masificar el uso del este combustible.
El Minem ha adjudicado tres concesiones de gasoductos virtuales (transporte de gas en camiones): una para Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca, a cargo de Promigas; otra para Moquegua y Tacna, cuyo responsable es Fenosa; y otra para diez ciudades altoandinas, a cargo de Graña y Montero (GyM).
El problema es que todos estos proyectos han enfrentado trabas que dilatan su entrada en operación. En el caso de Promigas y Fenosa, sus operadores estiman que iniciarán el suministro de gas en la segunda quincena de agosto de 2016 (diez meses después de lo programado).
Pero no se sabe cuánto demorará GyM, que tiene problemas para acceder a los terrenos superficiales de los siete grifos que se ha comprometido a implementar en el centro del país.
Para ayudar en este esfuerzo, el Gobierno ha decidido ampliar elFondo de Inclusión Social Energético -Fise- (empleado en subvención de balones a gas) a las conversiones vehiculares. “El objetivo es financiar la conversión de 10.000 taxis en Lima, Callao, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Puno y Ucayali”, reveló Víctor Murillo, jefe del Fise en Osinergmin.
Sin embargo, el programa deja fuera a las ciudades del norte y sur, donde una docena de empresas ha instalado grifos de GNV sin la ayuda del Estado.
ESFUERZO EMPRESARIAL
Es el caso de Clean Energy, peruana que opera dos grifos en Trujillo y Piura, respectivamente, y que alista un tercero en Chiclayo. “Sabemos que no habrá Fise en el norte. Así que corremos solos, haciendo campañas de publicidad y reuniendo a los transportistas”, explica Walter Cornejo, director de la firma peruana.
En total, son 19 las estaciones de GNV implementadas fuera de Lima en años recientes. Todas ellas en el litoral peruano y ninguna en la sierra.
“El mercado se está desarrollando poco a poco en provincias. Por el sur, Chincha e Ica ya cuentan con estaciones conectadas a la red de Contugas; y por el norte, las estaciones van de Huacho a Piura, conectadas por gasoducto virtual”, explica Alberto Flórez, gerente general de Energigas, firma que opera dos grifos en Ica y uno en Áncash.
Como estas, hay otras empresas que consideran poner grifos fuera de Lima (donde no llega el ducto), pero las disuade la falta de señales claras del Gobierno.
“Queremos ir a las regiones, pero solo si hay competitividad, pues el precio en que [el gas] se va a vender no generará ahorro para el usuario”, remarca Edgardo Escobar, gerente general de Gazel Perú, que tiene a su cargo el suministro de GNV a los buses del Metropolitano.
¿Qué señales claras debe dar el Gobierno? Aparte de la ampliación del Fise, los empresarios solicitan la reactivación del rol promotor de Cofide (inexistente en provincias) y el restablecimiento del precio promocional para el GNV (boca de pozo), que el Consorcio Camisea canceló en el 2012 y que se ha cuadruplicado desde entonces. Pero todo esto dependerá de la voluntad política del Gobierno. ¿Existirá esta?
El Comercio