Por Mario Huapaya Nava
La sostenibilidad social, en la misma línea de la ambiental, parte por reconocer que la intervención de la actividad minera tiene un impacto que es necesario gestionar, pero con la ventaja de que si logramos hacerlo bien no solo no se perturba el tejido social, sino que es posible transformarlo positiva y permanentemente.
De los innumerables desafíos pendientes de la minería en el Perú, tal vez uno de los más estratégicos sea cómo lograr que los proyectos sean equitativamente exitosos en el tiempo, entendiendo la equidad como generar rentabilidad para sus accionistas paralelamente a contribuir al desarrollo sostenible del país, pero sobre todo de los lugares donde se emplazan, que normalmente son lejanos. Aunque el desarrollo es una responsabilidad principalmente del Estado, que lo planifica, gestiona la riqueza y asigna los recursos; cada vez más actores asumen importantes roles para sumarse a ese objetivo.
Por otro lado, la referencia al tiempo evoca la necesidad urgente de superar las inversiones/consensos sociales de corto plazo y convertir la renta minera y las inversiones sociales de las empresas en fuentes autónomas y duraderas de productividad, crecimiento y bienestar. La minería por su propia naturaleza tiene un horizonte temporal definido y la sociedad que los aloja tiene que prepararse para su eventual ausencia y la de sus inversiones.
La sostenibilidad social, en la misma línea de la ambiental, parte por reconocer que la intervención de la actividad minera tiene un impacto que es necesario gestionar, pero con la ventaja de que si logramos hacerlo bien no solo no se perturba el tejido social, sino que es posible transformarlo positiva y permanentemente.
En el Perú, al margen de los vaivenes, proyectos pendientes y difíciles coyunturas, hemos podido mantener una industria minera generalmente exitosa socialmente. Sin embargo, es una imperativa necesidad seguir innovando, aprendiendo y evolucionando en las relaciones de los actores y ofreciendo mejores espacios de diálogo y construcción conjunta de visiones de desarrollo.
De una u otra forma la mayoría de las empresas en el Perú han superado con inteligencia el solo esfuerzo de quejarse y esperar que el estado de derecho o la autoridad de turno resuelva su relacionamiento social. Y es que, aunque sí es capital la intervención del Estado cuando el conflicto escala sin control, las empresas privadas han venido incorporando en sus prácticas sociales, mejores herramientas y estrategias para sintonizar con sus espacios territoriales.
Las tres tendencias que podrían resumir las nuevas fronteras de la innovación social y las que podrían replicarse o escalar, sin perjuicio de otras que existen y con cargo a profundizar en cada una serían.
- Relacionamiento transparente y colaborativo con las autoridades, especialmente a nivel subnacional en torno al desarrollo territorial
- Alianzas estratégicas de empresas en la misma zona, y orgánicas con organizaciones de la sociedad civil, con la academia y con los proveedores mineros y;
- Cierre de brechas de diálogo intercultural y promoción de género.
Respecto a la primera, que sea tal vez la más crítica, empezar por reconocer que ninguna intervención, estrategia o inversión social es realmente sostenible en el tiempo sin que alguna expresión, vehículo o agencia del Estado asuma la responsabilidad de mantenerla, invertir en ella y desarrollarla.
Para que esto ocurra es necesario que los actores superen la barrera de la desconfianza y se acuerde transparentemente no solo los recursos para su diseño, implementación y operación inicial y de corto plazo; sino también una previsión de autosostenibilidad que se traduzca en inversiones en su operación y mantenimiento al largo plazo. En el mismo sentido, es necesario que se convenga en cómo se integran las inversiones sociales de las empresas en los planes públicos de desarrollo local, en los instrumentos de planeamiento público y en buena cuenta cómo aportan al desarrollo territorial, de lo contrario, se corre el riesgo de que se transforme en una fuente de conflictos, corrupción y más inequidad.
En el mismo plano y trascendiendo a los proyectos, también hay espacio en este componente para que las empresas se preocupen genuina y honestamente por mejorar el performance de las autoridades locales y en consecuencia ayuden a fortalecer su institucionalidad, perfiles y herramientas. Mientras mejores sean las contrapartes públicas, mejores proyectos; también menos burocracia y corrupción.
En resumen, si queremos una industria saludable socialmente, está en manos de todos los actores innovar y pasar de solo cumplir con la licencia a invertir y asumir roles más activos en el desarrollo.